El exteniente coronel que fue encontrado en su celda ahorcado en lo que aparenta ser un suicidio, había sido repatriado de Estados Unidos en octubre pasado, luego de seis años de haber sido declarado prófugo por eludir la justicia dominicana al ser acusado de encabezar una red de militares, policías y civiles dominicanos y venezolanos vinculados al narcotráfico.
Hans Wender Lluberes Sánchez había permanecido durante años en los registros judiciales como el principal ausente de uno de los expedientes más complejos de tráfico internacional de drogas procesados en la última década en República Dominicana. Su muerte, en circunstancias que las autoridades investigan como un suicidio, cierra abruptamente una historia marcada por el poder, la evasión y una larga persecución judicial.
La trama se originó el 17 de marzo de 2015, cuando una operación coordinada entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) permitió interceptar una aeronave privada procedente de Venezuela en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Dentro del avión fueron halladas nueve maletas con 450 paquetes de cocaína, equivalentes a 454.060 kilogramos, un decomiso que destapó una estructura criminal con ramificaciones dentro de organismos de seguridad y servicios aeroportuarios de entonces.
En dicha nave, pilotada por Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, venían como pasajeros Jesé Manuel Houtman Fonseca, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian de Jesús Díaz Martín, todos de nacionalidad venezolana, quienes también fueron judicializados por el caso.
Los pilotos venezolanos y varios ocupantes fueron arrestados en el acto, pero la investigación reveló que el engranaje principal de la operación no estaba en la cabina de la aeronave, sino en tierra, esperando el éxito de la operación para proceder a los pagos estipulados para sus cómplices.
Según un comunicado de entonces emitido por la Procuraduría General de la República, Lluberes Sánchez, entonces teniente coronel de la Policía Nacional, era el encargado de coordinar la logística local del cargamento. Su rol consistía en garantizar que la droga fuera recibida, protegida y distribuida sin contratiempos, aprovechando su rango y conocimiento de los sistemas de seguridad.
El día del operativo, se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto, listo para realizar los pagos a quienes habían facilitado la operación. Pero al percatarse de la intervención de las autoridades, huyó del lugar, iniciando así una carrera de evasión que se extendería por años.
Fue detenido posteriormente en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, pero su proceso judicial tomaría un giro inesperado cuando logró salir en libertad con un cambio de medida de coerción que le eliminó la prisión preventiva para imponerle presentación periódica.
El exoficial logró que la Corte de Apelación le variara la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica. Esa decisión, que en principio respondía a garantías procesales, terminó siendo determinante para su fuga y la prolongación del proceso judicial en su contra.
Aprovechando esa condición, abandonó el país y dejó de presentarse ante las autoridades. Fue declarado en rebeldía, mientras el Ministerio Público advertía que utilizaba maniobras dilatorias para extender el proceso.
La red es condenada… sin su líder
Mientras el principal acusado se mantenía prófugo, el expediente avanzó contra el resto de los implicados gracias al desglose del expediente. En diciembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a nueve miembros de la red.
Las sentencias oscilaron entre 5 y 30 años de prisión: los pilotos recibieron la pena máxima; militares, agentes y colaboradores logísticos fueron condenados a 20 y 18 años; y los pasajeros utilizados como fachada, a cinco años.
El citado tribunal condenó a 30 años de prisión a los dos pilotos de la aeronave Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba. En tanto que el ex segundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán ERD Roberto Segura Peña; y José Luciano, exagente de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) de puesto en la referida terminal aérea, fueron condenados cada uno a 20 años de prisión.
El tribunal también condenó a 18 años de prisión a Francisco Javier de Paula Mena (empleado de SERVAIR), mientras que los que actuaron de pasajeros, los venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, fueron sentenciados a cinco años de cárcel.
El tribunal dio por probado que se trataba de una estructura criminal organizada dedicada al tráfico internacional de drogas, pero el caso quedaba incompleto, ya que el presunto cabecilla seguía prófugo.
Seis años de evasión
Durante ese tiempo, Lluberes Sánchez desapareció del escenario judicial dominicano. Informes de inteligencia indicaron que habría salido del país de forma clandestina, atravesando rutas migratorias irregulares hasta llegar a Estados Unidos.
La Fiscalía sostuvo que aprovechó su puesta en libertad con el cambio de medida de coerción para abandonar el país de manera clandestina. De acuerdo con informaciones de inteligencia recabadas posteriormente, se indicó que habría cruzado el tapón del Darién, la ruta selvática que conecta Colombia con Panamá, y desde allí continuó hacia Estados Unidos.
Allí permaneció varios años hasta ser detenido a finales de 2025 en un proceso de verificación migratoria, lo que finalmente permitió su localización.
El retorno y la condena
En 2025 fue deportado a República Dominicana y entregado a las autoridades. Su regreso reactivó un proceso que había quedado pendiente desde hacía más de una década.
El Ministerio Público retomó la acusación y, tras la presentación de pruebas, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este lo condenó a 30 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos.
Los jueces concluyeron que no solo participó en la operación, sino que la dirigía.
El Segundo Tribunal Colegiado estuvo compuesto por Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, quienes dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Un final abrupto
Condenado y recluido, el exteniente coronel enfrentaba el peso de una sentencia definitiva y de un expediente que lo señalaba como pieza clave en una red de narcotráfico internacional.
Su muerte en la celda del centro provisional de detención de San Luis, en lo que aparenta ser un suicidio, pone fin a una historia que durante años evidenció tanto la capacidad de penetración del crimen organizado como las debilidades del sistema para retener a un imputado de alto perfil, pues se trataba de un oficial que había ascendido y adquirido conocimiento en asuntos de inteligencia militar.
Lluberes Sánchez, aprovechando su rango, experiencia y acceso a información de seguridad, coordinaba toda la logística necesaria para que el cargamento fuera recibido y movilizado sin contratiempos, pero también aprovechó esa condición para eludir la justicia dominicana por seis años.
Lluberes Sánchez fue hallado sin vida, cinco días después de que se pronunciara su sentencia condenatoria, y aguardaba para ser trasladado de la cárcel provisional de San Luis hasta el Centro de Reclusión de San Cristóbal, según dictamen del tribunal.
De acuerdo con un informe preliminar, Lluberes Sánchez fue hallado por la seguridad del recinto tirado en el suelo, mientras otros internos intentaban reanimarlo.
El informe señala que los miembros de seguridad se encontraban realizando el cierre reglamentario de pabellones cuando escucharon un escándalo, por lo que procedieron a acudir al área.
Al llegar al alojamiento, encontraron al interno en el suelo y a sus compañeros de celda intentando reanimarlo, por lo que fue trasladado al área de emergencias del hospital El Almirante, donde fue declarado sin signos vitales.
Según versiones preliminares recogidas entre los compañeros de alojamiento, tres de ellos se encontraban dormidos cuando Lluberes Sánchez habría utilizado una correa para colgarse de un barrote ubicado en el baño.
Fuente: El Día