Los recortes anunciados por la Administración de EE.UU. a los contratos de ayuda exterior han comenzado a sentirse en al menos 20 países, afectando gravemente programas críticos en salud, nutrición y servicios sociales.
Más del 90% de los contratos con USAID han sido eliminados, lo que equivale a unos 60.000 millones de dólares en fondos recortados. Las medidas, implementadas por conveniencia e intereses del gobierno de Trump, han llevado al cierre de 10.000 contratos con organizaciones no gubernamentales, dejando a millones sin acceso a atención médica vital y otros servicios esenciales.
Los recortes ya han provocado el cese de programas en diversas naciones: en el Congo, Acción contra el Hambre suspenderá tratamientos para decenas de miles de niños desnutridos; en Etiopía se ha interrumpido la asistencia alimentaria para más de un millón de personas y se han rescindido contratos para la prevención del VIH y la malaria; en Senegal, el mayor proyecto contra la malaria y servicios maternoinfantiles han cerrado, mientras que en países como Sudán del Sur, Colombia, Sudán, Bangladesh, Mali, Burkina Faso, Somalia, Afganistán, Siria, Kenia, Haití, Tailandia, Nigeria, Filipinas, Vietnam, y Yemen se han visto afectados diversos programas vitales que apoyan la salud, la nutrición, el acceso al agua y la protección de grupos vulnerables.
La cadena de recortes está generando una alarma global, ya que muchas de las naciones afectadas dependen en gran medida de la ayuda estadounidense para sostener sus sistemas de salud y protección social.
Organizaciones internacionales y defensores del derecho humano han advertido que estos recortes socavan la estabilidad regional y ponen en riesgo la vida de cientos de miles de personas.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante y defienda el Estado de derecho, mientras se evalúan las consecuencias de estos drásticos ajustes presupuestarios.