Un periodista venezolano solicitante de asilo fue detenido por agentes de CBP en Miami Beach durante una parada vehicular en la que, según allegados, no había cometido ninguna infracción de tránsito y mostró su documentación vigente.
Abogados advierten que casos similares se han vuelto más frecuentes bajo la política migratoria del gobierno de Estados Unidos que ha endurecido las medidas de control y acelerado las deportaciones.
Wilmer Roberto Solano Dávila, de 59 años de edad, conducía por Haulover Beach a las 4:40 p.m. cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo detuvieron. Se encontraba trabajando como conductor de transporte privado que es solicitado mediante aplicaciones.
Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao en Venezuela (2013-2017) y amigo de la familia de Solano, dijo que al periodista lo llevaron a la sede de CBP en Dania Beach, Broward, y le informaron que luego lo trasladarían al centro de procesamiento de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Krome, en el Condado Miami-Dade.
También se le fijó una audiencia en una corte de Inmigración para el próximo 26 de agosto, dijo a el Nuevo Herald.
Según Muchacho, con quien Solano trabajó como periodista en Venezuela, una patrulla le indicó que se detuviera. Poco antes de ser arrestado, envió un mensaje a su esposa para avisarle de que agentes de CBP lo estaban deteniendo.
Aseguró que la familia no tiene conocimiento de que Solano, quien trabajó en el canal venezolano Globovisión, hubiera cometido alguna infracción de tránsito o estuviera involucrado en alguna situación que justificara la detención.
“Fue a las 4:40 de la tarde, no fue a las dos de la mañana saliendo de un sitio nocturno ni mucho menos”, afirmó, al insistir en que, hasta donde saben, el periodista simplemente se encontraba conduciendo.
El exalcalde, quien también está exiliado en EEUU, indicó que la hipótesis que manejan es que los agentes habrían identificado el vehículo mediante la placa.
Explicó que les han dicho que las autoridades pueden cruzar la información de las matrículas con el estatus migratorio del propietario del automóvil, aunque aclaró que no cuenta con pruebas que confirmen que ese fue el motivo de la detención.
También relató además que, una vez detenido, Solano, exdirector en Venezuela del portal de noticias de Responsabilidad Social Nota Responsable, explicó a los agentes que tenía una solicitud de asilo pendiente.
Según su versión, los oficiales le respondieron que ese caso llevaba muchos años en trámite, que aún podía tardar una década más y que, a juicio de ellos, se encontraba en condición migratoria irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el caso.
Solano ingresó en Estados Unidos el 3 de enero de 2015 con una visa I que se le aprueba a representantes de un medio extranjero como periodistas y editores, de acuerdo con sus documentos de Inmigración a los que tuvo acceso el Nuevo Herald.
“Wilmer tiene una solicitud de asilo pendiente. Entró legalmente a Estados Unidos con visa de periodista por el aeropuerto de Miami”, dijo Muchacho.
De acuerdo con los documentos de Solano, solicitó asilo en diciembre de 2015, tras sufrir agresiones en su país en coberturas a políticos de la oposición en 2011. También tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 que venció en septiembre de 2025.
La familia de Solano busca contratar a un abogado de inmigración y ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los honorarios legales.
Agresiones en Venezuela ejerciendo periodismo
El Instituto de Prensa y Sociedad informó en 2011 que el 27 de agosto de ese año, Solano y su camarógrafo, William Vegas, fueron golpeados mientras cubrían unas declaraciones del dirigente del partido político Primero Justicia, Julio Borges, en Tinaquillo, estado Cojedes, al occidente del país.
“Solano denunció que funcionarios de la alcaldía de Tinaquillo, vestidos de rojo, distintivo chavista, comenzaron golpeando a los manifestantes de Primero Justicia que acompañaban a Borges, y cuando se percataron de que Vegas registraba con su cámara las agresiones, arremetieron contra los periodistas, a quienes golpearon en sus rostros y brazos”, detalló.
Gremios periodísticos venezolanos y organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa han denunciado reiteradamente que el régimen chavista mantiene una política sistemática de persecución, hostigamiento y censura contra periodistas y medios de comunicación.
Política de “cero tolerancia”
El abogado John R. De la Vega, no relacionado con el caso de Solano, explicó que Florida y Texas son los estados que mantienen una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración, por lo que en ambos se están registrando con mayor frecuencia este tipo de operativos.
“Estamos viendo muchos de estos operativos”, afirmó.
Señaló que una persona que únicamente tiene una solicitud de asilo pendiente, sin una decisión definitiva sobre su caso, no es considerada por el gobierno de Estados Unidos como alguien con un estatus legal.
En esas circunstancias, dijo, las autoridades migratorias tienen la facultad de detenerla e iniciar un proceso de deportación.
De la Vega recordó que, en el pasado, era común que solicitantes de asilo permanecieran cinco o incluso diez años esperando una resolución sin enfrentar inconvenientes con las autoridades migratorias ni ser considerados sujetos de deportación.
Sin embargo, sostuvo que la actual administración aplica una política de “cero tolerancia”, bajo la cual cualquier persona que no sea residente permanente o ciudadana estadounidense puede ser detenida y sometida a un proceso de deportación.
Elizabeth Amaran, abogada de inmigración que tampoco tiene vínculos con el caso de Solano, dijo que actualmente se observa a “Ellos tienen que cumplir con ciertas cuotas de detención, entonces el criterio es simplemente (arrestar a) cualquier persona que no sea residente ni ciudadana”, dijo a el Nuevo Herald.
Coincidió en decir que históricamente las personas que tenían solicitud de asilo eran respetadas, pero actualmente son objetos de detención.
Amaran destacó una reciente decisión del gobierno sobre los casos de asilo afirmativo que permite a los funcionarios de Inmigración remitir las solicitudes directamente a jueces sin realizar una entrevista previa.
“Estamos viendo que enseguida que detienen a las personas transfieren los casos a la corte. Las audiencias están durando de 30 minutos a 1 hora y los jueces lo único que hacen es mirar el reloj. Antes duraban hasta 3 o 4 horas para darles el derecho de presentar toda su evidencia”, dijo la abogada.
Estados Unidos fue el país que registró el mayor número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos en 2025, con aproximadamente 620,000, de acuerdo con Statista, una empresa global de datos.
Fuente: El Nuevo Herald