El gobierno de Brasil otorgó a Meta un plazo de 72 horas para explicar los cambios en sus políticas de verificación de información. Esta decisión surge tras el anuncio de Mark Zuckerberg sobre la eliminación de las políticas de ‘fact-checking’ en favor de las ‘notas de la comunidad’, un modelo criticado por su incapacidad para frenar la desinformación y el contenido de odio.
El presidente Lula da Silva expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en los grupos vulnerables y reafirmó que las empresas deben respetar la legislación brasileña.
En respuesta, el gobierno brasileño anunció la formación de un grupo de trabajo que involucrará al Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil para monitorear estas políticas, asegurando que se equilibre la libertad de expresión con el respeto a los derechos fundamentales.
Además, Lula destacó la necesidad de regular las redes sociales para evitar la impunidad en delitos cometidos digitalmente, argumentando que las acciones online deben tener consecuencias legales al igual que en la vida real.
Un estudio reciente del IPESPE, encargado por el Observatorio de la Democracia, muestra que 7 de cada 10 brasileños apoyan la regulación de redes sociales.
Lula calificó el anuncio de Zuckerberg como «gravísimo» y reiteró su compromiso de evitar que estas plataformas se conviertan en espacios para violaciones de derechos sin consecuencias.