La historia hay que contarla. Duela o no. Un 2 de octubre, pero de 1937, el dictador Rafael Leónidas Trujillo era agasajado en Dajabón cuando le avisaron que un grupo de haitianos había cruzado la frontera para robar ganado. No era algo nuevo. De hecho, ni se sabía a ciencia cierta cuantos pobladores del país vecino vivían en tierra dominicana, muchos de ellos trabajando en los ingenios de azúcar.
El límite fronterizo determinado en 1929 no se respetaba, pero tampoco se habían tomado medidas drásticas, como que la surgió a partir de ese día y por una semana, en que se asesinaron unos 17 mil haitianos que estaban en República Dominicana.
La cifra exacta jamás se conocerá. Se sabe de hordas que liquidaban haitianos que eran arrojados al río limítrofe, que por eso lleva el triste nombre de río Masacre. Muchos extranjeros volvieron a su país desesperadamente y otros fueron protegidos por las empresas azucareras donde servían como cañeros.
Cesada la matanza, el mundo empezó a condenar el acto de Trujillo, que argumentó que la única intención que tenían con esos reproches era sembrar la disidencia entre ambos países de La Española y que iba a condenar a los responsables de esa masacre. Obviamente nadie le creyó.
El presidente de Haití, Stenio Vincent, no quería protestar porque sabía que eso implicaría, no solo una matanza más grande, sino la vuelta al país de miles de haitianos, a los que no podría contener económica ni socialmente. Empujado por la opinión pública y especialmente por los Estados Unidos, pidió que una comisión internacional investigase el asunto y terminó arreglando una indemnización de 750 mil dólares, de los cuales Trujilló solo pagó 525 mil y la cúpula haitiana se devoró el resto, por lo que cada sobreviviente recibió ¡un par de centavos de dólar!
A esta matanza se la conoció con el nombre de «masacre del perejil», porque se dice que, cuando un sicario dudaba sobre si su posible víctima era dominicana o haitiana, le pedía que pronunciase el nombre de esta hierba para detectarlo.
Evidentemente no fue una solución para el vínculo entre ambos países que hoy día sigue siendo problemático a la luz de muchísimos haitianos ilegales que utilizan los servicios que el estado brinda a sus ciudadanos, como las instituciones de salud o de educación.