Una jueza de Mississippi anuló su orden de que un periódico retirara su editorial que criticaba a funcionarios locales, días después de que la ciudad de Clarksdale decidiera abandonar la demanda que la motivó.
La orden del juez había sido ampliamente condenada por los defensores de la libertad de expresión como una clara violación de los derechos de la Primera Enmienda del periódico.
La jueza de cancillería Crystal Wise Martin había emitido la orden de restricción contra el Clarksdale Press Register la semana pasada, diciéndole que eliminara de su sitio web un editorial del 8 de febrero titulado “El secreto y el engaño erosionan la confianza pública”. El artículo criticaba a la ciudad por no enviar al periódico un aviso sobre una reunión que la junta celebró en relación con un impuesto propuesto al alcohol, la marihuana y el tabaco.
La junta de comisionados retiró la demanda el lunes a pedido del alcalde Chuck Espy, quien citó una oferta del propietario del periódico para publicar una aclaración. Sin embargo, el presidente de Emmerich Newspapers, Wyatt Emmerich, dijo que hizo esa oferta antes de que la ciudad presentara su demanda y que ya no estaba sobre la mesa.
Emmerich había ofrecido aclarar que el consejo dijo que la falta de notificación no fue un intento deliberado de ocultar la reunión, según un mensaje de texto que Emmerich envió al abogado de la ciudad. El texto también ofreció aclarar que una oración que cuestionaba si hubo «soborno de la comunidad» debería haber dicho «rechazo».
La demanda de la ciudad calificó el editorial de difamatorio y dijo que “frenaba y obstaculizaba” los esfuerzos de la ciudad para presionar a favor del impuesto ante los legisladores estatales. El periódico y otros críticos del fallo dijeron que la orden era un claro ejemplo de censura previa en violación de la Primera Enmienda.
La orden provocó críticas generalizadas de grupos de prensa y defensores de la libertad de expresión de todo el país, incluidos el Club Nacional de Prensa y el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión había aceptado representar al periódico en los tribunales.
Fuente: AP