El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó un ambicioso plan migratorio al gobierno del presidente Donald Trump, con el que busca reforzar las capacidades del estado para detener y deportar inmigrantes sin depender completamente de las autoridades federales.
Durante una rueda de prensa en Tampa, el republicano propuso que miembros del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional de Florida —una unidad militar encargada de temas legales— asuman funciones como jueces migratorios, reseñó EFE.
Explicó que su idea es “agilizar el procesamiento legal de inmigración” desde instancias estatales, con autorización federal.
Además, anunció que 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida ya han sido certificados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, gracias al acuerdo 287(g). Esto les permite ejecutar órdenes judiciales federales y participar directamente en operativos para arrestar a inmigrantes con antecedentes criminales.
“Lo que tenemos ahora con la Patrulla de Carreteras de Florida es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso”, afirmó DeSantis.
Como ejemplo de esa autonomía, destacó la Operación Marea Negra, realizada entre el 21 y el 26 de abril, en la que se detuvieron a 1,120 inmigrantes en Florida, la cifra más alta alcanzada en una redada estatal en Estados Unidos. En esta acción colaboraron siete agencias locales junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Según, este modelo ha convertido a Florida en “el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”. Como parte de ese enfoque, también presentó una propuesta a la administración Trump para crear nuevos centros de detención en el estado y ampliar la capacidad para realizar arrestos.
Florida, hogar de unos cinco millones de personas nacidas en el extranjero —uno de cada cinco residentes—, ha estado al frente de la aplicación de políticas migratorias más restrictivas en los últimos años.
Bajo el liderazgo de DeSantis, se han aprobado leyes que prohíben las llamadas ciudades santuario, establecen multas de hasta $5,000 dólares a funcionarios que no cooperen con ICE y permiten su destitución.
Actualmente, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados del estado han firmado acuerdos 287(g), al igual que varias ciudades importantes como Hialeah, Coral Gables, Orlando y Doral, consolidando así el papel de Florida como pionera en la implementación de políticas migratorias más severas a nivel estatal.
Fuente: El Diario NY