Investigaciones periodísticas han revelado que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha jugado un papel clave en la persecución de la izquierda política, específicamente del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa.
Según estas investigaciones, Salazar mantuvo una relación cercana con el gobierno de EE.UU., que habría intervenido para evitar que la Revolución Ciudadana ganara las elecciones de 2023, utilizando la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio para influir en la narrativa electoral.
Se menciona que EE.UU. sabía que el grupo criminal Los Lobos estaba detrás del asesinato, pero demoró en divulgarlo para mantener una campaña mediática que perjudicara al movimiento correísta.
La fiscal Salazar es descrita como una aliada clave de Washington en Ecuador, habiendo sido premiada por el Departamento de Estado de EE.UU. en 2021.
A lo largo de su mandato, ha actuado con celeridad en casos relacionados con la izquierda, como el juicio contra Correa por cohecho, mientras otros casos que involucran a figuras de derecha, como los ex presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, han avanzado lentamente o han sido minimizados.