El Gobierno venezolano emitió una orden mediante la cual prohíbe que todas las aeronaves con matrícula argentina atraviesen su espacio aéreo.
Esta decisión provocó que vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Punta Cana (República Dominicana) y Nueva York (EE.UU.) tuvieran que desviarse y atravesar Guyana.
Por su lado, la Cancillería argentina envió dos notas de protesta a Caracas y adelantó que presentará un escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de Naciones Unidas que ayuda a los países a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo.
Aunque no se han revelado los motivos de la decisión de Caracas, medios argentinos indican que se debe a lo ocurrido con la aeronave venezolana de la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (Emtrasur S.A.), filial de la estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa).
Se trata de un Boeing 747-300, siglas YV 3531, que fue confiscado en Argentina y enviado a EE.UU. el pasado 12 de febrero, con la autorización expresa del Gobierno de Javier Milei.
No obstante, Caracas calificó de «robo descarado» el secuestro de la aeronave y denunció que Argentina y EE.UU., «de manera artera, han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil», así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a Emtrasur, «colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región».