Florida se ha convertido en los últimos años en un verdadero imán para millonarios y contribuyentes de altos ingresos que, en busca de menores cargas fiscales y una mejor calidad de vida, abandonan estados tradicionalmente ricos como Nueva York.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC) citado por Bloomberg Línea, entre 2017 y 2023, cerca de 30,000 neoyorquinos se trasladaron a los condados de Palm Beach y Miami-Dade, muchos de ellos con ingresos que superan los 250,000 dólares anuales.
Este fenómeno ha tenido un impacto fiscal considerable. Nueva York ha perdido más de 9,200 millones de dólares en ingresos por concepto de impuestos, mientras Florida ha visto incrementarse su riqueza local y su atractivo como centro de poder económico.
A esto se suma el auge inmobiliario en zonas exclusivas como Manalapan, donde multimillonarios como Larry Ellison, fundador de Oracle, han invertido en propiedades de lujo de hasta 173 millones de dólares, como reportó Robb Report.
Los analistas coinciden en que esta migración no solo responde a ventajas tributarias, como la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta en Florida, sino también a una búsqueda de mayor seguridad, calidad de vida y libertad económica.
Esta «relocalización dorada» está redefiniendo el mapa de la riqueza en Estados Unidos y consolidando al sur del país como un nuevo núcleo financiero.
Sin embargo, mientras los millonarios encuentran en Florida un oasis de estabilidad y crecimiento, otros grupos migratorios viven una realidad radicalmente distinta.
En particular, los migrantes cubanos enfrentan un entorno cada vez más hostil, marcado por políticas migratorias restrictivas reinstauradas o endurecidas por la administración de Donald Trump.
Recientemente, Trump acabó con programas de protección como el parole humanitario y reinstauró medidas que buscan limitar severamente el ingreso y la permanencia de migrantes en territorio estadounidense.
De hecho, más de 150,000 cubanos estan en riesgo de deportación tras la cancelación del programa que les permitió entrar legalmente al país desde enero de 2023.
Casos como el de Heydi Sánchez, una madre cubana deportada sin su hija, que quedó en Estados Unidos, han generado consternación y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos.
También, el gobernador Ron DeSantis firmó un paquete de leyes que endurece significativamente las políticas migratorias en Florida. Estas medidas incluyen la criminalización del ingreso ilegal al estado, la negación de libertad bajo fianza a detenidos sin documentos y la participación obligatoria de las autoridades locales en la aplicación de la ley federal de inmigración.
Además, se estableció una estación de interdicción en la Interestatal 10 y se sustituyó el programa estatal de transporte de migrantes por uno que depende del gobierno federal.
El gobernador también ha ampliado las facultades de las fuerzas de seguridad estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo la participación de la Patrulla de Carreteras de Florida en operativos de identificación y detención de inmigrantes indocumentados en puntos de control.
Estas políticas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, que denuncian un aumento en la discriminación y el temor entre los inmigrantes, especialmente los cubanos que han llegado recientemente al estado en busca de una vida mejor.
Este contraste pone en evidencia la desigualdad estructural en el sistema migratorio estadounidense. Por un lado, Florida recibe con brazos abiertos a quienes llegan con grandes capitales, inversiones y planes de retiro; por el otro, criminaliza y excluye a quienes buscan refugio por razones humanitarias, escapando de crisis económicas y regímenes autoritarios, como el cubano.
Fuente: CiberCuba