De cara a 2026, la discusión sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica ya no se centra solo en el tamaño de los compromisos acumulados. El foco se desplaza hacia un terreno más delicado: la capacidad real de los países para pagar intereses y amortizaciones sin poner en jaque la estabilidad macroeconómica ni el acceso al financiamiento.
Así lo advierten analistas del Instituto de Finanzas Internacionales y de firmas especializadas en mercados emergentes. El contexto regional está marcado por tasas de interés globales todavía elevadas, crecimiento moderado y una mayor sensibilidad de los mercados frente a los desvíos fiscales.
La región no enfrenta hoy un problema generalizado de insolvencia. Sin embargo, sí atraviesa un escenario más exigente en términos de flujo de pagos. El servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos. Esto ocurre cuando la expansión económica no alcanza para aliviar la carga y el financiamiento externo sigue siendo selectivo.
Presiones financieras que se refuerzan entre sí
Según los analistas, las presiones fiscales en América Latina operan a través de tres canales que se retroalimentan. En primer lugar, el mayor gasto por intereses, que compite directamente con el gasto social y la inversión pública. En segundo término, un crecimiento económico bajo, que limita la recaudación tributaria y vuelve más rígidos los presupuestos. Finalmente, el riesgo de un dólar más fuerte o de episodios de volatilidad global, que encarecen el servicio de la deuda externa.
Este cóctel puede reabrir tensiones inflacionarias y forzar políticas monetarias y fiscales más restrictivas. En ese contexto, la credibilidad del mix de políticas se vuelve crucial. Cuando el mercado percibe señales fiscales poco claras o procíclicas, aumentan los spreads, se reduce la demanda por deuda de largo plazo y se acortan los plazos de financiamiento, elevando la probabilidad de ajustes desordenados, incluso sin un problema inmediato de solvencia.
Argentina y Ecuador, los casos más exigentes
Entre los países más endeudados con el FMI en Latinoamérica, Argentina se mantiene a comienzos de 2026 como el principal deudor a nivel mundial. El desafío argentino no se limita al volumen de sus obligaciones, sino a la gestión de flujos en un contexto de acceso limitado a los mercados y necesidad de acumular reservas. El servicio de la deuda funciona como una prueba de consistencia del programa macroeconómico, más que como un problema contable aislado.
En el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas por US$ 20,000 millones, el país enfrenta un calendario de vencimientos cada vez más exigente. Para cumplir con compromisos recientes, el Gobierno recurrió a la compra de Derechos Especiales de Giro por US$ 808 millones al Tesoro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el FMI ha señalado como prioridades mantener un ancla fiscal fuerte, avanzar hacia un régimen cambiario más flexible y profundizar reformas que impulsen la productividad y el crecimiento.
Ecuador ocupa el segundo lugar en la región en términos de compromisos con el Fondo. Aunque su exposición es menor en valores absolutos, resulta elevada en relación con el tamaño de su economía. Además, el país opera bajo un régimen de dolarización, lo que elimina amortiguadores monetarios y hace que el pago de deuda externa compita directamente con prioridades fiscales y sociales. Un deterioro de la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.
Economías más y menos expuestas al riesgo
Las economías más vulnerables son aquellas que combinan alta deuda externa, necesidades relevantes de refinanciamiento y menor flexibilidad para absorber shocks. En este grupo destacan Argentina y Ecuador, junto con otros países dolarizados como El Salvador. También aparecen casos con alta dependencia de condiciones externas, como Nicaragua, donde los cambios en tasas globales o en el apetito por riesgo impactan rápidamente en spreads y acceso al crédito.
En contraste, países con menor proporción de deuda externa y mercados locales más profundos tienden a mostrar mayor resiliencia. Costa Rica suele ubicarse entre los más ordenados, aunque no es inmune a un endurecimiento de las condiciones financieras globales. En su caso, los compromisos con el FMI corresponden a una Línea de Crédito Flexible de carácter precautorio, sin desembolsos activos, aunque el país deberá destinar alrededor del 5.2% del PIB en 2026 a amortizaciones de deuda.
El verdadero desafío para 2026
Mirando hacia 2026, los analistas coinciden en que la clave no estará en el stock heredado de deuda, sino en la capacidad de gestionar los flujos de pagos en un entorno financiero más restrictivo. Las tasas globales siguen siendo altas en términos reales, lo que hace que refinanciar deuda sea estructuralmente más caro que en ciclos anteriores. En varios países, el pago de intereses ya supera la inversión pública, comprimiendo el espacio fiscal incluso antes de considerar amortizaciones.
Con proyecciones de crecimiento positivas pero modestas, la carga financiera difícilmente se reducirá de manera automática. En ausencia de un fuerte impulso económico o de una mejora sostenida en las condiciones externas, la consolidación fiscal aparece como la principal válvula de ajuste, con costos políticos y sociales significativos.
En este escenario, lo que separa a las economías más resilientes de las más expuestas no es cuánto deben, sino cuánto pueden pagar sin perder estabilidad ni acceso al financiamiento. Ese será, en definitiva, el verdadero termómetro de la deuda latinoamericana en 2026.
Fuente: Mercado