Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Héctor Antonio Lora Cruceta, y a su esposa, Luisa Guzmán, por sus vínculos con una estructura de corrupción que desviaba fondos del Senasa facturando procedimientos inexistentes.
Lora Cruceta y Guzmán deberán cumplir la medida cautelar en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación que podría derivar en nuevas imputaciones.
O sea, mientras los enfermos de cáncer sufrían por los altos costos de tratamiento, estos dos los estafaban. ¿Te parece correcta la pena de un año y medio de prisión o debería imponérseles mayor castigo?