La administración Trump ha desatado una reconfiguración radical del comercio global. La tormenta arancelaria, anunciado horas antes del plazo autoimpuesto del 1 de agosto y con vigencia aplazada al 7 de agosto, establece un paisaje de gravámenes diferenciados que impacta con particular fuerza a América Latina, región donde las medidas combinan criterios económicos con claros tintes políticos.
El nuevo orden arancelario
Lejos de la uniformidad inicialmente planteada, el sistema se basa en dos ejes: países con superávit comercial frente a EE.UU. (10 % de arancel) y aquellos con déficit (15 % mínimo). Unos 40 naciones caen en este segundo grupo, incluyendo a Bolivia, Ecuador y Costa Rica, que verán subir sus tasas del 10 % al 15 %. Este «piso» del 15 % contrasta con el 5 % previo a abril, evidenciando una escalada sostenida.
Casos paradigmáticos en la región
Brasil: El castigo ejemplar. El gigante sudamericano sufre el golpe más severo: un arancel combinado del 50 %. La justificación administrativa apunta directamente a represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. La medida, calificada por Washington como respuesta a una «cacería de brujas», trasciende lo comercial para convertirse en un instrumento de presión política sin precedentes en la relación bilateral.
Ecuador: La paradoja diplomática. El incremento al 15 % llega en medio de un aparente acercamiento. Solo un día antes, la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, elogiaba a Ecuador como «socio central» en Sudamérica durante una visita oficial. Este contraste entre retórica y acción comercial expone la volatilidad de la política exterior trumpista, incluso tras el encuentro del presidente Daniel Noboa con Trump en Mar-a-Lago.
Bolivia: Crisis sobre crisis. El país andino, sumido en una profunda crisis económica, enfrenta el nuevo arancel del 15 % en un momento de máxima vulnerabilidad. La negociación de esta carga recaerá inevitablemente sobre el próximo gobierno que surja de las elecciones de agosto u octubre, añadiendo complejidad a su ya frágil panorama financiero.
México y Canadá: Vecinos bajo presión. México evitó por ahora un aumento al 30 % gracias a una prórroga de 90 días negociada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump, manteniendo temporalmente el 25 % para bienes excluidos del T-MEC. Canadá, sin embargo, no tuvo igual suerte: sus productos no exentos pagarán un 35 %, justificado oficialmente por supuesta falta de cooperación en el control del fentanilo, pero coincidiendo con su postura a favor del reconocimiento de Palestina, hecho que Trump criticó abiertamente.
Los «privilegiados»: mantienen el 10 %
Un amplio bloque de 14 naciones latinoamericanas y caribeñas conserva el arancel previo gracias a su superávit comercial con EE.UU.:
Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú.
Centroamérica: Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador.
Caribe: República Dominicana, Belice, Haití, Jamaica.
La arquitectura global: negociados y perdedores
La amenaza inicial de aranceles mucho más altos (30% o más) impulsó acuerdos de última hora que funcionaron como escudos para varios bloques y naciones:
La Unión Europea, Corea del Sur y Reino Unido lograron contener sus gravámenes en el 15% o menos mediante pactos específicos, una reducción significativa respecto a las tasas que se vislumbraban.
China opera bajo un frágil armisticio comercial que redujo temporalmente aranceles mutuos, con un plazo crítico de negociación que vence el 12 de agosto.
Los más golpeados. Países sin acuerdos ni influencia geopolítica sufren las tasas más elevadas: Siria (41%), Laos (40%), Birmania (40%) y, sorprendentemente, Suiza (39%). Naciones como Camboya, Lesoto y Vietnam, aunque aún con altos porcentajes (19%, 15% y 20% respectivamente), experimentaron reducciones sustanciales desde abril.
La justificación y el impacto estratégico
La Casa Blanca enmarca esta ofensiva arancelaria como una restauración de la «soberanía económica» estadounidense, destinada a frenar el déficit comercial, repatriar inversiones y generar empleo manufacturero. Sin embargo, el diseño final revela un instrumento de poder multifacético:
Herramienta geopolítica: Castigos selectivos (Brasil por Bolsonaro, Canadá por Palestina) demuestran su uso para disciplinar posturas políticas disonantes.
Instrumento de negociación bilateral: Las prórrogas (México) y rebajas (UE, Reino Unido) premian la concesión inmediata en tratados ad hoc.
Reconfiguración de cadenas de suministro: Los aranceles elevados para economías menores y ciertos asiáticos buscan desviar flujos comerciales hacia socios preferentes o hacia el interior de EE.UU.
El nuevo esquema arancelario desatado por Trump no es solo una recalibración fiscal. Es la imposición de un nuevo orden comercial basado en el bilateralismo coercitivo, donde la relación con Washington se negocia país por país bajo la constante amenaza de represalias económicas.
Latinoamérica, con Brasil convertido en ejemplo de castigo político, Ecuador en símbolo de inconsistencia diplomática, y economías frágiles como Bolivia enfrentando cargas adicionales, emerge como un laboratorio de los riesgos y costos de esta política de «América Primero» extendida al mundo.
La incertidumbre sobre la evolución de estos aranceles y sus efectos inflacionarios y recesivos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, define ahora el panorama económico global.