El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le dio a Estados Unidos el primer punto de una lista de exigencias que pidió a cambio de brindar su apoyo a la Argentina que terminó de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generoso que el Gobierno festeja. Es la eliminación de una exigencia que impide la importación de maquinaria y equipamiento usado. Una medida demandada por mineras, petroleras y el campo que mete presión en una industria metalúrgica que no logra salir del impacto de la recesión y que ahora alerta sobre riesgos.
Se trata de la suspensión del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar bienes de capital usados. “También se eliminaron prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje en su cuenta de X.
El Gobierno confirmó la medida con el decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial. Pero el anticipo del titular del Palacio de Hacienda ya había encendido las alarmas en las fábricas. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió a PERFIL que “es una competencia desleal sobre la maquinaria que se produce en el país”.
“Este sistema que se está queriendo colocar desincentiva el complejo tecnológico argentino. Los países están invirtiendo un montón de dinero en sus bienes de capital al mundo y nosotros abrimos las puertas para que lleguen máquinas que no están en la frontera tecnológica”, cuestionó y planteó: «Pasaremos de fabricar tecnología a transformarnos en un depósito de máquinas obsoletas”.
Precios imposibles e impacto en la cadena productiva
Entre los fabricantes, la preocupación es total. Señalan la imposibilidad de competir con precios de equipos usados que en EE.UU. son un 50% más baratos de lo que sale el bien nuevo en el mercado. También apuntan a una cadena que se compone de productores, concesionarios y usados nacionales y advierten sobre el problema de la competitividad estructural dada por la superposición de impuestos en los tres estados. “Hay que evaluar cómo trabajar en los costos de logística, el costo laboral no salarial (ART, carga social, etc.) y la falta de financiamiento a tasas razonables en el sector”, planteó un fabricante de máquinas para el agro, en diálogo off the record con PERFIL.
Uno de los problemas que señaló Del Re es que la falta de los controles fitosanitarios a los equipos pueden “por ejemplo, traer plagas e ingresar enfermedades a los cultivos”, afectar la salud de las persona junto a la seguridad y eficiencia de los procesos productivos. “Sin controles técnicos previos, podrían ingresar bienes usados obsoletos, lo cual contradice la idea de modernización y sostenibilidad. Perjudicando a las empresas. Es una política que hacen países que no tienen industria”, agregó otra voz, que pidió discreción, para evitar confrontar con el Gobierno. Además del campo, la medida apunta a sectores extractivistas, como la minería y la extracción de petróleo y gas.
Federico Sturzenegger atendió una demanda de EE.UU.
El anuncio fue de Caputo, pero en la industria señalan que fue Sturzenegger quien estuvo trabajando en la desregulación y que se trata de uno de los puntos que el país que gobierna Donald Trump pidió a cambio del espaldarazo que le dio a la administración de Javier Milei para aprobar un nuevo programa con el Fondo que incluyó un desembolso front load extraordinario con libre disponibilidad. En los últimos meses, la relación del ministro con los fabriles tuvo varios chispazos por la apertura comercial que impacta de lleno en la producción nacional y la falta de respuestas ante el pedido de datos certeros sobre la importación de bienes, un reclamo que le hizo la Unión Industrial Argentina (UIA) en noviembre pasado y que, por ahora, desoyó.
El 2 de abril, en el documento que difundió la Casa Blanca por el “Día de la Liberación”, la administración estadounidense deslizó su demanda para la Argentina en medio de la escalada de la guerra comercial por la suba de aranceles y la política de comercio recíproco inscripto en el acuerdo de Mar A Lago que lleva adelante Trump.
”Algunos países, como la Argentina, Brasil, Ecuador y Vietnam, restringen o prohíben la importación de productos remanufacturados, lo que limita el acceso al mercado de los exportadores estadounidenses al tiempo que ahoga los esfuerzos por promover la sostenibilidad al desincentivar el comercio de productos nuevos y eficientes en el uso de los recursos. Si se eliminaran estas barreras, se calcula que las exportaciones estadounidenses aumentarían en al menos 18.000 millones de dólares anuales”, indicó el texto.
El sector metalúrgico mostró en marzo una nueva caída del 1,3%, y se encuentra -10% por debajo con respecto al promedio del 2023. El año pasado sufrió un descenso acumulado del -12,1 %.
Detalles del decreto 273/2025: qué cambia
Con la eliminación del CIBU, los importadores ya no deberán tramitar un permiso especial para ingresar bienes usados que están incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur. En esa lista, entre otros rubros, está la maquinaria industrial, motores, calderas, transformadores eléctricos, tractores y equipos agrícolas, generadores, embarcaciones, drones y aparatología médica.
Ahora solo deberán presentar una declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduana. En la presentación deben asegurar que la mercadería no constituye un residuo ni está destinada a valorización energética o disposición final.
El documento firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Luis Caputo señala que «es preciso eliminar la presentación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito anterior a la importación y disponer en su reemplazo la exigencia de una declaración jurada a cargo del importador con análogos propósitos y alcances».
Fuente (menos foto): Perfil