“Una vez, puede ser casual. Dos veces, es sospechoso. Tres veces, habla de una conducta.” El dicho se aplica muy bien a cualquier Estado que hace de un supuesto error un comportamiento habitual.
La empresa puertorriqueña Management Group Investors (MGI) demanda a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom), perteneciente a la plataforma aeroportuaria mundial de Vinci Airports, por incumplimiento de contrato e interferencia tortuosa.
De acuerdo con el escrito, interpuesto ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 24 de junio pasado, y al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la compañía demandante reclama 8 millones de dólares en daños y perjuicios a Aerodom, operador, administrador y explotador económico de varios aeropuertos en República Dominicana.
La demanda se centra en disputas que tienen que ver con diferentes acuerdos relacionados con servicios de catering en varios aeropuertos dominicanos, donde la sociedad de responsabilidad limitada con sede en Carolina, Estados Unidos, opera concesiones de alimentos y bebidas a través de su filial Inversiones Llers SRL (Llers).
Estos servicios se prestaban mediante dos contratos de subconcesión: uno para servicios en terminales, firmado en 2005, y otro para servicios de catering a bordo, rubricdo en 2021: ambos se prorrogarían automáticamente, si se extendía la concesión principal de Aerodom con el Gobierno dominicano.
Según el contenido de la demanda, en noviembre de 2023 se formalizó el contrato entre las autoridades del país y la operadora para extender el vínculo hasta marzo de 2060. No obstante, MGI denuncia que Aerodom y Vinci han intentado limitar la extensión de los contratos de subconcesión a solo cinco años, contrariamente a los términos acordados, algo que, según la empresa demandante constituye un incumplimiento del contrato y ha provocado “perturbaciones económicas y operativas significativas”.
Entre los argumentos expuestos para sustentar la denuncia, MGI afirma que en 2020 la filial Llers inició, a instancias de Aerodom y Vinci, “importantes inversiones” en los aeropuertos internacionales de Las Américas y El Higüero, ambos en Santo Domingo; Gregorio Luperón, en Puerto Plata (norte); María Montez, en Barahona (sur), y El Catey y Arroyo Barril en Samaná (noreste).
Entre las inversiones, la demanda detalla la construcción de una nueva cocina de catering a bordo en el Aeropuerto Las Américas, que costó más de 28 millones de dólares, cuya construcción se completó el mayo y está previsto que esté operativa en julio.
Según MGI, Aerodom y Vinci han impedido los preparativos para el inicio de operaciones en el nuevo catering a bordo, por lo que “ha tenido que desviar esfuerzos y recursos para garantizar la ejecución de sus ampliaciones de contrato”, en un momento en el que estos esfuerzos y recursos “deberían centrarse en garantizar el inicio de operaciones de la nueva cocina a bordo según lo previsto”.
Estas demoras “tendrían un efecto adverso en las declaraciones, compromisos y acuerdos realizados por MGI con diferentes aerolíneas” y la empresa “ha sufrido y puede sufrir daños económicos y consecuencias en relación con sus compromisos con terceros y daño reputacional”.
Cuestionado por EFE a este respecto, el equipo jurídico de Aerodom ha rehusado hacer “comentarios en este momento sobre ese proceso particular”.
Lamentablemente, una empresa a la que el Estado dominicano concede derechos aeroportuarios incumple contratos con un proveedor sin que el Estado tome control y proceda en consecuencia. ¿Inoperancia o, lo que es peor, connivencia? En tanto, es llamativo el silencio de Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, que ya debería haber solicitado una medida cautelar para evitar el perjuicio diario que se le ocasiona a la empresa dañada. Pero, no nos extraña.
Días atrás se conoció la anulación del acuerdo de colaboración entre la República Dominicana e Israel, que el presidente Abinader anunció en 2023, como parte del plan para mejorar la gestión del agua. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) rescindió el contrato de consultoría firmado con la empresa estatal israelí Mekorot Israel National Water Co. Ltd, por un monto de más de dos millones de dólares.
Este contrato, que estipulaba la realización de varios estudios sobre la situación actual del agua en República Dominicana, fue rescindido tras una denuncia presentada por la Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana, por considerar que aumentaría la deuda externa, pondría en riesgo la soberanía hídrica, ignoraría la experiencia técnica del Inapa y menospreciaría la capacidad de los profesionales locales en temas hídricos. Incluso cuestionaba la legalidad del contrato, ya que se había realizado de manera directa, sin cumplir con las disposiciones de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.
Inapa manifestó que decidió rescindir el contrato inmediatamente después de la denuncia, de manera irrevocable, sin responsabilidades jurídicas y sin erogación de fondos, basado en la terminación amistosa y en el hecho de que ninguna de las partes entregó copias del contrato.
Otra vez, un contrato que beneficiaba a millones de dominicanos fue eliminado de un plumazo. ¿No habría sido mucho más económico, racional y justo que el Estado hubiera analizado todo lo que objetó la Red, pero antes de firmar y anunciar el acuerdo? Parece que al gobierno le gusta prometer, ostentar grandes logros y, luego, pincharlos como una burbuja de jabón. ¿Otro caso?
El contrato que firmó el Inposdom (Instituto Postal Dominicano) con la empresa MiaCargo, por el cual esta realizó una inversión millonaria para beneficio de los usuarios del correo nacional. ¿Qué pasó? De un día para otro, el Estado decidió anular el contrato. Y, como si esto no fuera, al menos, una torpeza institucional, no le devolvieron al inversor una gran cantidad de bienes y útiles que había aportado para una mejora sustancial del servicio. Ah, eso sí: todo se publicitó como un gran avance a favor de los dominicanos.
Evidentemente, el proceder reiterativo habla de una conducta que, al menos para los inversores del exterior, debería ser tomada muy en cuenta cuando quieran apostar por la República Dominicana. Contratos dañosos (pero no se daban cuenta), falta de control de una empresa concesionaria de un servicio público, anulación unilateral de contratos y desaparición de bienes del inversor… Una puede ser accidental; dos, preocupante; tres, peligrosa.