La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump tiene la autoridad para terminar con la protección migratoria provisional para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esa protección a través de la aplicación CBP One fue implementada por el gobierno del presidente Joe Biden, la cual requería a un patrocinador en EE.UU.
Se estima que unas 530,000 personas están bajo este programa y ahora podrían ser deportadas.
Ante el Máximo Tribunal, los defensores acusaron que la terminación del programa de alivio temporal para inmigrantes, también referido como visa humanitaria (CHNV).
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor se unieron en contra de la decisión bajo un argumento escrito por la primera, donde señaló que la determinación era “un error” en la evaluación sobre los programas de gobierno para inmigrantes.
“Se concede la solicitud de suspensión presentada ante la JUEZA JACKSON y remitida por ella al Tribunal”, indica la decisión. “La orden del 15 de abril de 2025, dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts […] queda suspendida a la espera de la resolución de la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito”.
La decisión de la corte no se extiende a varios programas más de ‘parole’, una figura que permite la protección temporal de inmigrantes, autorizándolos a trabajar, pero con la posibilidad de que puedan encontrar otras opciones de estancia en EE.UU.
Durante su primer día en el segundo mandato, el presidente Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pusiera fin a todos los programas de libertad condicional, pero varias organizaciones civiles presentaron acciones judiciales.
El 14 abril, la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito en Massachusetts, emitió una orden judicial temporal que impedía la terminación del programa CHNV, luego de una demanda del Centro de Acción por la Justicia.
Esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU., lo que llevó a la Administración Trump a solicitar una petición “de emergencia” ante la Corte Suprema.
Sin embargo, este no es el fin de esta batalla legal, ya que el Tribunal de Apelaciones todavía debe considerar una apelación formal del caso.
La petición de la Administración Trump a través del Departamento de Justicia (DOJ), que representa al gobierno ante el Máximo Tribunal, forma parte de un proceso conocido como “Shadow Docket” o “Expediente en la Sombra”, que los jueces consideran cuando hay una decisión considerada “de emergencia”, pero que ha desatado alertas de expertos en el sistema judicial, pues consideran que evade pasos esenciales y de fondo.
“Se refiere a las miles de decisiones que la Corte Suprema dicta cada período que ‘desafían su regularidad procesal normal’“, indica la Barra Estadounidense de Abogados (ABA, en inglés). “A diferencia de los 60 a 70 casos que los jueces ven en el expediente de ‘fondo’, donde la Corte recibe informes completos, escucha argumentos orales y emite extensas opiniones firmadas, los casos resueltos mediante el ‘expediente de juicio en la sombra’ carecen de tal deliberación pública y transparencia”.
Un golpe a procesos legales
Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA, calificó la decisión como un golpe al programa de visas humanitarias que afectarán las vidas de miles de personas.
“Durante más de 70 años, presidentes republicanos y demócratas han utilizado la autoridad de libertad condicional para permitir la entrada de extranjeros a Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público”, indicó. “El programa CHNV siguió esta orgullosa tradición de ejercer la autoridad de libertad condicional para acoger a los recién llegados necesitados. Ahora, a esas personas se les nueve el piso, separando a familias y devolviéndolas a condiciones peligrosas en sus países de origen. También causará un profundo daño a las comunidades estadounidenses que han llegado a depender de quienes llegaron a través del programa CHNV”.
Inlender considera que la decisión de la Corte Suprema marca “un día sombrío para los CHNV en libertad condicional”, además de las personas que patrocinan a estos inmigrantes en EE.UU.
Fuente: El Diario NY