El Gobierno de Argentina oficializó cambios en el acceso de los extranjeros al sistema de salud público argentino, en el marco de la reforma migratoria, a través del Decreto 366/2025.
Particularmente en cuestiones sanitarias, el Gobierno cambió las condiciones de ingreso al país de los migrantes y modificó los requisitos que estos deben cumplir para ser atendidos en establecimientos sanitarios de gestión estatal.
Según explicita el documento, las medidas tienen por objetivo “evitar que la desmesurada demanda de servicios de salud por parte de extranjeros lleve a un colapso del sistema que afecte a los habitantes argentinos”.
En particular, en este decreto se reafirma que los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Sin embargo, se aclara que, en los establecimientos de salud de gestión estatal, “solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el ministerio”.
En otras palabras, el documento establece que en los centros de salud de gestión estatal solo se atenderá a los extranjeros que paguen por la atención con antelación o que tengan un seguro médico que se haga cargo del valor del servicio.
Asimismo, en casos de emergencias de salud, el decreto especifica que, por cuestiones humanitarias. “No podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.
LA NACION consultó a los voceros del Ministerio de Salud si, en caso de no contar con un seguro médico o no ser un migrante legal, el paciente atendido por una emergencia deberá pagar por la atención recibida. Las fuentes consultadas respondieron que tanto la definición de emergencia como otras precisiones de la medida terminarán de ser ordenadas y definidas cuando se avance en la reglamentación del decreto.
Ingreso al país con seguro de salud
En cuanto al ingreso al país, el Ejecutivo señaló: “A fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación”.
“Es imprescindible requerir que los extranjeros que ingresen al territorio nacional declaren que cuentan con un seguro de salud con el fin de pagar sus gastos médicos en el país por medio de él, lo cual contribuirá a lograr una correcta implementación de la medida y asegurará una mayor eficacia en la prestación de los servicios sanitarios”, se escribió sobre esta medida en los considerandos del documento.
Sin embargo, no se especificó si habrá excepciones para migrantes forzados, como es el caso de la comunidad venezolana. Este medio consultó al Ministerio de Salud sobre el tema, pero no obtuvo respuestas.
En el decreto se afirma, a su vez, que estos cambios implicarán “un beneficio para la ciudadanía argentina toda, en tanto permitirá descomprimir los servicios de salud públicos y ayudará a mejorar la situación presupuestaria del sistema sanitario”.
En sus considerandos, el documento también menciona el sistema de salud público argentino como “uno de los principales sectores afectados por las prácticas migratorias abusivas”. Sostiene que “producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la república argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita”.
Sostiene, a su vez, que “en reiteradas ocasiones, esto llega a un extremo tal que los inmigrantes ingresan al territorio argentino, se dirigen directamente a los establecimientos sanitarios y, una vez recibida la atención procurada, vuelven inmediatamente a su país de origen”.
En materia presupuestaria, se detalla en el documento que en 2024 las consultas realizadas por inmigrantes en hospitales nacionales “implicaron un gasto aproximado de $42.000 millones, mientras que los egresos hospitalarios de extranjeros en dicho período demandaron $72.000 millones”, y que estos egresos “constituyeron el 10,58 % de la totalidad de egresos constatados.
Se afirma también que, por estos motivos, “corresponde habilitar a los establecimientos sanitarios públicos a cobrar los servicios a aquellos extranjeros que no habitan establemente esta Nación, sino que se establecen en ella de manera transitoria”.
Fuente (menos foto y título): La Nación