El presidente de la República, Luis Abinader, dio un giro a una de sus principales promesas económicas al anunciar el sometimiento de un proyecto de ley que contempla nuevos ingresos tributarios, luego de haber afirmado en más de diez ocasiones que durante su gestión no impulsaría una reforma fiscal.
La iniciativa, presentada esta semana por el Gobierno a través del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para enfrentar las presiones derivadas de la crisis económica internacional y fortalecer las finanzas públicas.
Aunque las autoridades insisten en denominar la propuesta como un “Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global”, diversos sectores han comenzado a señalar que las medidas representan, en la práctica, una reforma fiscal parcial, debido a la creación y aumento de varios gravámenes.
Entre las medidas contempladas figuran una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para grandes empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, el incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 %, un nuevo impuesto selectivo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, mayores cargas tributarias a casinos y juegos de azar, así como un aumento de diez dólares al impuesto sobre los boletos aéreos.
El Gobierno sostiene que la propuesta no modifica la tasa ni la base del ITBIS, tampoco incrementa la mayoría de los impuestos selectivos vigentes y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias.
Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos debido a que el propio presidente Abinader había reiterado en numerosas ocasiones que no impulsaría una reforma fiscal durante su mandato, posición que ahora queda en entredicho con la presentación de un paquete de medidas orientadas a aumentar la recaudación estatal.
Durante la presentación del proyecto, Magín Díaz afirmó que el objetivo es preservar la estabilidad macroeconómica, garantizar la continuidad de la inversión pública y proteger los programas sociales ante un escenario internacional cada vez más complejo.
La propuesta será conocida próximamente por el Congreso Nacional, donde se espera un amplio debate político y económico sobre el alcance de las medidas y su impacto en los diferentes sectores productivos y en la población dominicana.
Fuente: El Pregonero RD