La organización Amnistía Internacional (AI) ha solicitado al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que prevalezca el respeto a los derechos humanos y que ponga fin a políticas migratorias “racistas” que afectan a los haitianos.
En un comunicado AI destacó la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas “erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”. Para decir esto, AI analizó algunos videos que se muestran a continuación:
El inicio del segundo periodo de Gobierno de Abinader, que comenzó el 16 de agosto pasado, “debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Descalcó que es crucial que “se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”.
República Dominicana se ha convertido en el país que deporta más personas haitianas en movilidad desde 2022, a pesar de la convocatoria que hizo a los países en noviembre de ese mismo año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para detener los retornos forzados a Haití ante la situación en ese país, de acuerdo con AI.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 haitianos, entre ellos más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de 2024, a pesar de la grave crisis en Haití, el Gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores.
Amnistía Internacional “ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas”.
Estas expulsiones colectivas “son contrarias a las obligaciones internacionales de la República Dominicana porque no permiten una evaluación individualizada de las necesidades de protección de cada persona afectada, ni de los riesgos a los que se enfrentarían las personas al ser devueltas a Haití”, indicó la organización defensora de los derechos humanos.
El texto también se refiere al conflicto bilateral del año pasado tras la construcción por parte de Haití, de un canal de riego en un río limítrofe, lo que llevó al Gobierno dominicano a suspender indefinidamente la entrega de visas a personas haitianas, la militarización e implementación de controles biométricos en la frontera y el cierre migratorio de ésta.
Frente a estas declaraciones, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que «aquí no hay políticas migratorias racistas. Esos organismos internacionales pueden decir lo que quieran decir, pero que respeten la soberanía nacional y nuestras políticas, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes. Nosotros defendemos nuestra soberanía de que quién esté aquí, esté de forma legal. Tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional».