El congresista Adriano Espaillat condenó este viernes una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, según afirmó, permitiría a la administración del presidente Donald Trump retirar la ciudadanía por nacimiento a millones de niños nacidos en territorio estadounidense.
Espaillat calificó por medio de una nota de prensa, el fallo como «irresponsable» y «flagrantemente inconstitucional», al considerar que pone en riesgo el derecho garantizado por la 14.ª Enmienda de la Constitución, que establece la ciudadanía para todas las personas nacidas en EE. UU., salvo excepciones diplomáticas o militares.
«El caos que se desatará en las familias —independientemente de la ciudadanía de los padres— recaerá sobre el presidente Trump, su administración y ahora la Corte Suprema», advirtió el legislador.
Según Espaillat, la medida podría obligar a padres a demostrar su estatus migratorio incluso en salas de maternidad, dependiendo del estado en el que residan, dividiendo al país en lo que calificó como «estados libres y estados trumpistas».
El congresista anunció que continuará respaldando acciones legales para frenar lo que considera una interpretación errónea y peligrosa de la Constitución. «Esta lucha no ha terminado. La ciudadanía por nacimiento no es negociable», concluyó.
Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el presidente y que podría repercutir en decenas de demandas en las cortes contra las políticas del republicano.
Con su decisión, la máxima corte estadounidense limita la facultad de los jueces federales para bloquear decisiones de la administración Trump que consideran ilegales.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales».
Fuente: Diario Libre