La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, tras la congelación de más de 2,200 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución.
La medida fue tomada luego de que Harvard se negara a cumplir con una serie de exigencias gubernamentales que, según la universidad, violan la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Exigencias gubernamentales y respuesta de Harvard
El gobierno de Trump solicitó a Harvard implementar cambios significativos en su política institucional, incluyendo:
Eliminación de programas de diversidad.
Auditorías sobre las opiniones ideológicas de estudiantes y profesores.
Retiro del reconocimiento oficial a ciertos clubes estudiantiles.
Revisión de políticas de admisión para limitar el ingreso de estudiantes internacionales considerados «hostiles a los valores estadounidenses».
Harvard rechazó estas demandas, argumentando que representan una intromisión indebida en la autonomía académica y una violación a la libertad de expresión. El presidente de la universidad, Alan Garber, afirmó que «ningún gobierno debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», informa Univision.
Impacto en la investigación y la comunidad académica
La congelación de fondos afecta directamente a proyectos de investigación en áreas críticas como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Garber advirtió que estas acciones «tienen graves consecuencias para pacientes, estudiantes, profesorado, personal, investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo».
Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda adicional de 2,700 millones de dólares y exigió un registro de «actividades ilegales y violentas» de estudiantes internacionales. El gobierno también planea recortar otros 1,000 millones de dólares destinados a la investigación en salud.
Contexto político y otras universidades afectadas
La acción contra Harvard se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump para presionar a instituciones académicas que, según el gobierno, permiten el antisemitismo y promueven políticas de «discriminación positiva». Universidades como Columbia, Princeton y la Universidad de Pensilvania también han sido objeto de amenazas similares. En algunos casos, como el de Columbia, las instituciones accedieron a las demandas gubernamentales para evitar la pérdida de financiamiento.
El gobierno justificó sus acciones alegando que las universidades no han protegido adecuadamente a los estudiantes judíos durante las protestas en los campus relacionadas con la guerra en Gaza. Sin embargo, Harvard sostiene que estas medidas son un pretexto para ejercer control sobre las decisiones académicas y violan los derechos constitucionales de la institución.
Defensa de la libertad académica y próximos pasos
Harvard ha presentado su demanda en un tribunal federal de Massachusetts, argumentando que la retención de fondos federales es ilegal y excede la autoridad del gobierno.
Esta confrontación legal representa un momento crucial en la defensa de la autonomía de las instituciones académicas frente a las presiones políticas. El resultado del litigio podría sentar un precedente significativo sobre los límites del poder gubernamental en relación con la educación superior en Estados Unidos.
Fuente: Mercado