La ciudad de South Miami quiere que un juez determine si su departamento de Policía está obligado a interrogar y arrestar a inmigrantes indocumentados en nombre del gobierno federal, mientras que los gobiernos locales que se niegan a hacerlo enfrentan amenazas del procurador general de Florida.
“La única vía segura que nos queda es acudir a los tribunales y pedirles que emitan una opinión sobre la ley y nuestras obligaciones. No sobre los méritos de la política”, declaró el alcalde de South Miami, Javier Fernández, durante una reunión el martes por la noche. “Es una cuestión muy limitada”.
South Miami aún no ha presentado formalmente el asunto ante un juez. Sin embargo, la decisión de su Comisión de recurrir a los tribunales ocurrió después de que el procurador general estatal informara a los funcionarios de la ciudad de Fort Myers que violaron una ley estatal al optar por no firmar un acuerdo formal con la Policía de Inmigración y Aduanas que otorga a la policía local la facultad de detener a inmigrantes indocumentados durante el ejercicio de sus funciones habituales.
Uthmeier afirmó que no inscribirse en el programa 287(g) del ICE es una “violación grave y directa” de una ley de Florida de 2019 que prohíbe las llamadas ciudades santuario, un término amplio usado para los lugares que no cooperan con las autoridades federales de inmigración. Advirtió que estas ciudades —e implícitamente, cualquier otro municipio con una fuerza policial que decida no firmar el acuerdo— podrían enfrentar sanciones civiles y penales, incluyendo la suspensión del cargo por parte del gobernador Ron DeSantis.
La estrategia elegida por South Miami destaca cómo las ciudades de Florida están cumpliendo los mandatos estatales, mientras DeSantis se propone colocar a la policía estatal y local a la vanguardia de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Ahora a los funcionarios municipales no partidistas les preocupa que quedar en la mira del estado pueda generar represalias, incluyendo recortes presupuestarios estatales a sus proyectos locales.
Fernández, demócrata de Miami-Dade y ex representante estatal en Tallahassee, había propuesto inicialmente retirar la autoridad del administrador municipal para celebrar acuerdos con otras agencias del orden público, argumentando que era la mejor manera de sacar a los administradores municipales de la arena política y dejar las consecuencias de la toma de decisiones en manos de los funcionarios electos. Tras conocer la carta de Uthmeier, la Comisión municipal optó por consultar a un juez.
“Tenemos que ser conscientes de que operamos en un entorno donde la gente quiere ganar puntos políticos primero”, dijo el alcalde. “¿Y saben qué? No me importa. Lo que quiero es vivir en una sociedad donde nos rijamos por el estado de derecho”.
Locales se suman a los esfuerzos federales para controlar la inmigración.
En Florida más de 100 agencias policiales se han unido para participar en el programa federal de control de inmigración, de lejos la mayor cantidad de cualquier estado del país.
Docenas de departamentos de Policía de ciudades, incluidos los de Coral Gables, Cay Hueso, Tampa y St. Petersburg, se han unido en las últimas semanas a medida que los funcionarios estatales intensificaron los esfuerzos para que se inscriban en el programa 287(g) para dar más personal a las iniciativas de Trump.
Pero algunos jefes de Policía, como el jefe de Coral Gables, Ed Hudak, han dicho que la asociación con el ICE es una forma de cumplir la prohibición de Florida sobre las ciudades santuario.
En South Miami, Fernández dice que la ciudad quiere analizar cómo unirse a la asociación con el ICE podría afectar su exposición al riesgo, la cobertura de seguros y los acuerdos laborales.
“Hemos estado tratando de comprender esos problemas antes de participar”, declaró Fernández al Herald en una entrevista el miércoles. “¿Cuáles son los detalles prácticos?”
Anthony Recio, abogado municipal de South Miami, afirmó que la carta de Uthmeier al Ayuntamiento de Fort Myers “no reflejaba necesariamente la ley”, sino su interpretación de la misma. Si bien esas opiniones son consultivas, suelen tener un peso significativo al emitirse.
Fernández dijo que creía que no había obligación de unirse a los programas 287(g), pero que estaría “feliz” de acatar cualquier decisión de los tribunales.
En la reunión, los funcionarios de South Miami reconocieron las preocupaciones de que el estado esté presionando a los funcionarios locales para que participen en un programa que puede no ser requerido por la ley estatal.
“Creo que toda esta conversación está impulsada por bastante coerción”, dijo Fernández en la reunión.
Fuente: El Nuevo Herald