La empresa Eugenio Trading, en cuyo contenedor las autoridades dominicanas decomisaron un arsenal de armas procedente de Miami, Florida, con destino a Haití, llevaba más de cinco años operando. La compañía de envíos es propiedad del imputado Urbano Eugenio García.
Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el otro acusado, Maximino Pérez Berigüete, era quien recibía los contenedores en territorio dominicano para luego enviarlos a Haití.
Entre 2020 y 2024, los imputados recibieron aproximadamente 20,535,830 pesos y 160,764 dólares por el negocio de envíos, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción. Los acusados residen en Elías Piña y Las Matas de Farfán, al sur del país, cerca de la frontera con Haití.
La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra ambos imputados. El Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado «complejo», petición que fue acogida por el tribunal. Como parte de la medida, García cumplirá prisión en la cárcel de Haras Nacionales, en Santo Domingo Norte, mientras que Pérez Berigüete será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
El arsenal
El cargamento decomisado en el país, que llegó desde Estados Unidos, dentro de un contenedor en tránsito, contenía más de 36,000 cápsulas de distintos calibres, 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para fusil calibre 50, un silenciador y una caja de pistolas. Además, se hallaron 23 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 15 fusiles calibre 7.62, un fusil calibre 9, cinco pistolas Glock calibre 9 milímetros y un subfusil calibre 9 milímetros.
El abogado de los imputados, Luis Matos, cuestionó la decisión del tribunal, argumentando que sus clientes son «tontos útiles» y que solo operaban una empresa de transporte. «Es muy difícil que ellos supieran lo que iba dentro del contenedor», expresó. Deberá demostrarlo.
Gran labor de Aduanas
Desde el año 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA), dirigida por «Yayo» Sanz Lovatón, ha sometido, junto con la Procuraduría General de la República, unos 76 casos por tráfico de armas, logrando ya unas ocho sentencias, mientras las demás se encuentran en curso.
La sentencia lograda, más reciente, se produjo el pasado miércoles 5 de marzo contra Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael González Francisco, a quienes los tribunales de Puerto Plata les impusieron una pena de 10 años de prisión, tras demostrárseles culpabilidad en el delito de tráfico internacional de armas y violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, a la Ley 168-21 de Aduanas y a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
Se comprobó, ante los tribunales, la participación de ambos hombres en el tráfico internacional de armas, que operaba desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, un caso en el que participó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así como con otros organismos de investigación del Estado.
Esto, tras un hallazgo en el muelle de Puerto Plata, en un contenedor consignado a la compañía Edi Cargo Express, procedente de Georgia, Estados Unidos.
Estas sentencias y los procesos en curso, reflejan el compromiso de la DGA con la seguridad nacional, al no solo incautar las armas, municiones, pertrechos militares que tratan de ser introducidos ilegalmente al país, sino en aportar pruebas y en darles curso a estos procesos, para que quienes atentan contra la paz dentro del territorio dominicano o participan en redes criminales transnacionales, sean castigados conforme a lo que establece la ley.
Fuente: Diario Libre y Presidencia RD