Las detenciones de migrantes indocumentados han registrado un fuerte incremento en las primeras dos semanas de la administración de Donald Trump, con más de 5,500 personas arrestadas en diversas ciudades del país.
Las autoridades han intensificado operativos en zonas metropolitanas como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, asegurando que los detenidos representan una amenaza, aunque muchos no cuentan con antecedentes criminales, reseña la agencia de noticias EFE.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha divulgado cifras diarias de arrestos, una práctica que no se observaba en administraciones previas. La agencia ha destacado casos específicos en redes sociales, donde ha señalado a 21 personas, en su mayoría de origen latinoamericano, con detalles sobre sus presuntos delitos.
Falta de transparencia en los operativos
Los datos sobre las detenciones han sido limitados. ICE ha publicado cifras generales sin ofrecer detalles sobre la nacionalidad de los migrantes ni los lugares exactos donde fueron capturados. Cada oficina regional maneja la información de manera independiente, lo que ha generado incertidumbre en comunidades afectadas.
Redadas en Texas, Chicago y Nueva York
En Texas, solo se ha informado sobre 84 detenciones en Dallas, aunque reportes locales indican que han ocurrido operativos en Houston, San Antonio y Austin.
En Chicago, la presencia del asesor de seguridad fronteriza Tom Homan en las redadas ha dado mayor visibilidad a los arrestos, con al menos 100 personas detenidas.
En Nueva York, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó imágenes de operativos en los que, según sus declaraciones, se capturó a un presunto miembro del Tren de Aragua. En total, se reportaron 39 arrestos en la ciudad.
Expansión de centros de detención
El gobierno de Donald Trump ha señalado que busca ampliar la capacidad de detención de ICE, actualmente limitada a 41,000 personas.
Con este propósito, se ha ordenado la construcción de un centro en la base militar de Guantánamo con capacidad para 30,000 detenidos. En Colorado, las autoridades han comenzado a habilitar instalaciones temporales en una base aérea cercana a Denver.
Migrantes criminalizados y denuncias de abusos
La Casa Blanca ha justificado los arrestos argumentando que todos los migrantes indocumentados incumplen la ley, sin diferenciar entre aquellos con antecedentes penales y quienes residen en el país sin cometer delitos.
Sin embargo, documentos filtrados a medios estadounidenses revelan que solo el 52 % de los detenidos el 28 de enero contaban con condenas previas.
Casos de detenciones erróneas también han salido a la luz.
En Nueva Jersey, agentes de ICE capturaron a un ciudadano puertorriqueño en un restaurante de Newark, liberándolo después de que demostrara su estatus legal. En Ohio, un hombre con visa U, concedida a víctimas de delitos, fue arrestado temporalmente pese a contar con permiso legal de residencia.
Organizaciones de derechos civiles expresan preocupación por el trato a los migrantes y solicitan mayor transparencia en los operativos. Mientras tanto, la administración de Donald Trump mantiene su política de endurecimiento migratorio sin modificaciones a la vista.
Reacción de dominicanos
Un grupo de líderes y activistas comunitarios dominicanos de Nueva York, encabezado por Luis Mayobanex Rodríguez, ha recopilado la firma de más de 100 connacionales en Estados Unidos y distintos países para condenar las redadas y deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenadas por el entonces presidente Donald Trump.
Los firmantes residen en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Michigan y Florida, así como en República Dominicana, España, Suiza y Puerto Rico. Sostienen que Trump implementó medidas en inmigración, comercio, salud, medio ambiente, diversidad y relaciones internacionales que han agudizado la tensión política dentro y fuera de EE.UU.
Afirman que estas políticas buscan criminalizar a los inmigrantes, sin importar su estatus legal, e imponer un falso relato que los presenta como una «amenaza existencial».
“Nos proyectan como parte de una teoría conspirativa del ‘Gran Reemplazo’ de la población blanca en este y otros países”, expresaron en el documento.
Según los firmantes, las redadas tienen el objetivo de atemorizar a los inmigrantes, fomentar el odio racista y aporofóbico, generar una ola de autodeportación y desviar la atención pública de los efectos negativos de estas políticas en la economía y la sociedad.
“Repudiamos estas redadas en escuelas, iglesias, hospitales, centros de trabajo, medios de transporte públicos y barrios de familias pobres y trabajadoras”, sostienen.
En el caso de la comunidad dominicana, resaltan que, a pesar de su amor y aportes a su país de origen, el Gobierno dominicano debería mostrar mayor empatía y coherencia con el texto constitucional, que reconoce la protección de los derechos de todas las personas, sin importar su lugar de residencia.
Fuente: El Diario NY y El Día