El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó la ampliación del centro de detención para inmigrantes en la base naval de Guantánamo, Cuba, con la instalación de 30,000 camas.
Según el mandatario, estas instalaciones servirán para retener a inmigrantes indocumentados considerados peligrosos y que no pueden ser repatriados a sus países de origen.
La medida ha generado controversia debido a las condiciones opacas de detención en la base y la falta de garantías legales para los migrantes allí retenidos.
Desde su apertura en 2002, Guantánamo ha sido un centro de detención con un estatus legal ambiguo, originalmente utilizado para sospechosos de terrorismo.
Aunque existe un área separada para inmigrantes interceptados en el mar, la población allí ha sido históricamente baja.
Reportes recientes han denunciado condiciones precarias dentro de las instalaciones, con testimonios sobre monitoreo de comunicaciones, restricciones extremas y problemas de higiene.
El anuncio ha provocado una fuerte reacción del gobierno cubano, que calificó la medida como un “acto de brutalidad” y una violación del derecho internacional.
El presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez denunciaron que la administración Trump busca encarcelar migrantes en un territorio que consideran ilegalmente ocupado.
Mientras tanto, la decisión sigue generando debates sobre la política migratoria de EE.UU. y las implicaciones humanitarias del uso de Guantánamo como centro de detención masiva.