La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La norma busca beneficiar a presos políticos detenidos en distintos episodios de crisis institucional y protestas, en medio de huelgas de hambre de familiares que exigen la liberación de todos los arrestados por motivos políticos.
El proyecto fue sancionado por unanimidad y ahora deberá ser promulgado por la mandataria interina. La medida genera expectativas en la oposición y organizaciones de derechos humanos, aunque también despierta cuestionamientos por los alcances y exclusiones del texto.
La iniciativa, denominada oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, apunta a liberar a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas detenidos durante meses o años en el contexto de conflictos políticos.
El Parlamento había dado media sanción semanas atrás y luego mantuvo reuniones con ONG, familiares de presos políticos y sectores de la sociedad civil para ajustar el texto.
La norma contempla beneficios para personas condenadas o procesadas por hechos vinculados a crisis políticas entre 2002 y 2025. El proyecto deja afuera a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o violentas contra el país.
Según el artículo aprobado, quedarán excluidas las personas procesadas o condenadas por promover, instigar, financiar o participar en acciones de fuerza contra la soberanía o la integridad territorial de Venezuela, incluso si contaron con apoyo de Estados o actores extranjeros.
El chavismo acusó en reiteradas ocasiones a dirigentes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López de solicitar intervenciones externas contra el país, en medio de la crisis política.
Podría beneficiar a argentinos detenidos
Entre los posibles beneficiarios de la norma figuran dos ciudadanos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, detenidos en Venezuela. La aprobación del proyecto abre la expectativa de una eventual liberación, aunque su aplicación dependerá de la interpretación judicial y de los criterios de exclusión.
La sanción definitiva se había postergado la semana pasada por diferencias internas sobre un artículo que exigía que los beneficiarios se presentaran ante tribunales.
Organizaciones como Acceso a la Justicia advirtieron que el texto presenta contradicciones, en especial por el uso del término “extremismo”, que podría limitar el alcance de la amnistía. Además, señalaron un posible conflicto de intereses, ya que la ejecución de la medida recaería en el sistema judicial y la Fiscalía, instituciones cuestionadas por organismos internacionales.
Aunque la norma menciona hechos desde 1999, el alcance concreto se restringe a diez períodos específicos de conflictividad política. Entre ellos se incluyen el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez y las protestas posteriores a la controvertida elección presidencial de julio de 2024.
Un contexto de tensión y reclamos sociales
El debate de la ley se da en un clima de fuerte presión social. Un grupo de familiares de detenidos mantiene una huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.
Según la ONG Foro Penal, actualmente hay al menos 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La aprobación de la amnistía se produce en lo que el Gobierno describe como un “nuevo momento político”, tras el proceso de excarcelaciones anunciado a comienzos de enero.
Fuente: A24