La tensión política y social en Venezuela alcanza un punto crítico a pocos días de la toma de posesión presidencial, prevista para el 10 de enero.
Tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, con el 51.95 % de los votos. Sin embargo, la oposición liderada por Edmundo González Urrutia asegura que los resultados son fraudulentos, presentando supuestas pruebas que lo posicionan como vencedor con el 67 % de los sufragios.
Las protestas masivas contra el resultado oficial han dejado un saldo trágico de 28 fallecidos y más de 2,400 detenidos, algunos de los cuales han sido liberados bajo medidas cautelares tras presiones internacionales.
La crisis política ha escalado al ámbito diplomático, con múltiples países de la región rechazando el resultado electoral y retirando a sus representantes en Caracas.
A esto se suma el informe del Centro Carter y un panel de la ONU, que cuestionaron la legitimidad de los comicios al señalar la falta de transparencia. Mientras tanto, la oposición enfrenta una ola de persecuciones, con varios de sus líderes en la clandestinidad, incluido González Urrutia, quien se encuentra en el extranjero buscando apoyo internacional pero promete regresar para asumir la presidencia.
El clima en Venezuela se mantiene polarizado, con el chavismo convocando marchas masivas para respaldar a Maduro el día de su juramentación y la oposición llamando a sus seguidores a protestar en las calles y en el exterior.
El papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) será determinante en los próximos días, ya que han reafirmado su respaldo a Maduro, mientras que los opositores apelan a las fuerzas del orden para propiciar un cambio. La nación enfrenta un incierto futuro en medio de crecientes tensiones y llamados a la movilización.