El panorama de los derechos humanos en Cuba ha alcanzado un punto crítico al cierre de enero, registrando un total de 1.207 presos políticos. Esta cifra representa un récord histórico para la nación caribeña, tras contabilizarse la detención de 18 personas adicionales durante las primeras semanas del año en curso.
Este incremento en la población penitenciaria por motivos ideológicos —el volumen más alto desde que existen monitoreos internacionales exhaustivos— responde a una estrategia de represión estatal que se ha vuelto más profunda y abarcadora. La metodología del régimen incluye actualmente la vigilancia masiva en entornos digitales, la persecución judicial de la disidencia juvenil y el empleo sistemático de métodos de tortura y desatención médica deliberada.
Vigilancia extrema y control social
La organización Prisoners Defenders ha señalado que este recrudecimiento busca garantizar la permanencia del sistema político vigente. Los datos son contundentes: la tasa de encarcelamiento en la isla ya se sitúa en 923 personas por cada 100 mil habitantes. Un componente esencial de esta estructura represiva es el monitoreo constante de las redes sociales, las cuales se han transformado en zonas de alto riesgo para los ciudadanos que denuncian carencias o manifiestan descontento.
Uno de los testimonios más impactantes recogidos en el último informe es el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis. Con apenas 23 años, fue capturado con violencia en La Habana luego de realizar una transmisión en Facebook donde cuestionaba al gobierno y solicitaba una transformación política, apelando incluso a figuras internacionales como Donald Trump.
La detención de Guerra Fis, quien padece VIH, trastornos de salud mental y epilepsia, se ejecutó sin la presentación de una orden judicial. Antes de ser reducido, el joven alcanzó a declarar: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”
Actualmente se encuentra bajo un régimen de incomunicación, privado de su medicación esencial y enfrentando cargos por “propaganda contra el orden constitucional”, sin haber recibido un juicio justo ni garantías procesales.
La criminalización de la protesta digital
El patrón de arrestos se extiende a otros jóvenes como Enrique Ramos Bosch, detenido en Santiago de Cuba tras utilizar sus redes para criticar la gestión de Miguel Díaz-Canel y los constantes cortes de electricidad. Estas acciones forman parte de un ciclo de desapariciones forzadas e interrogatorios coercitivos. Según auditorías realizadas, un 88% de los ciudadanos consultados afirmaron haber sido citados o arrestados debido a sus expresiones en internet, en ocasiones solo pocas horas después de publicar sus mensajes.
Asimismo, la represión ha golpeado con fuerza a movimientos como la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Activistas como Roilán Álvarez Rensoler y Dariel Calderín Rensoler fueron víctimas de operativos coordinados en Santiago de Cuba que incluyeron allanamientos ilegales y agresiones contra sus núcleos familiares. Varios de estos detenidos han iniciado huelgas de hambre ante el riesgo inminente de ser sometidos a confesiones forzosas durante sus primeras horas bajo custodia.
Crisis sanitaria en los centros penitenciarios
El reporte subraya una alarmante política de abandono médico utilizada como castigo. Se estima que 463 prisioneros políticos sufren patologías graves y al menos 42 presentan trastornos mentales severos. El hacinamiento y la desnutrición agravan este escenario de violencia institucional.
Un caso de extrema crueldad es el de Onaikel Infante Abreu, arrestado tras las protestas de 2023. A pesar de haber sido herido con proyectiles de goma y de tener un diagnóstico de cáncer de garganta, ha sufrido palizas y abuso sexual por parte de otros internos bajo la anuencia de los custodios. Infante cumple una condena de ocho años y, según su familia, su estado físico es tan deplorable que sus parientes se desvanecieron al verlo en su último encuentro.
De igual forma, el reconocido artista Maykel Castillo Pérez, conocido como “Maykel Osorbo” y ganador del Grammy Latino por “Patria y Vida”, continúa en prisión desde 2021. Cumple una sentencia de nueve años y ha denunciado traslados arbitrarios y falta de abrigo. En una comunicación reciente, el músico expresó:
“Estoy vigilado, junto a chivatones (delatores), y mis comunicaciones son escuchadas”
Casos de vulnerabilidad extrema y fallecimientos
La situación es crítica para adultos mayores como Daniel Alfaro Frías, de 71 años, quien fue devuelto a su celda tras una crisis de hipertensión sin recibir tratamiento. Por otro lado, Dixán Gaínza Moré se encuentra postrado debido a cuadros de hipoglucemia e hipertensión no atendidos. Asimismo, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a Duannis Dabel León Taboada, quien tras ser condenado por sedición, ha perdido parte de la visión y enfrenta un grave deterioro psicológico.
La tragedia alcanzó su punto máximo con el fallecimiento bajo custodia de Lázaro García Ríos. A pesar de que su madre alertó sobre su precario estado tras una cirugía de corazón, fue retornado a prisión pocos días antes de morir. Este suceso evidencia el peligro letal que enfrentan los 1.207 presos políticos, entre los cuales se encuentran 32 menores de edad (16 ya sentenciados por sedición) y 128 mujeres.
En total, 219 personas cumplen condenas por el delito de sedición con penas promedio de 10 años. El informe clasifica a los detenidos en tres grupos:
- 727 convictos de conciencia
- 445 condenados de conciencia
- 35 clasificados como otros presos políticos
Nombres como José Antonio Pompa López, Roberto Pérez Fonseca y Walfrido Rodríguez Piloto también figuran en la lista de quienes padecen represalias sistemáticas desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La sistematicidad de estos abusos, validados por organismos como las Naciones Unidas, confirma que la privación de salud y el aislamiento siguen siendo herramientas centrales de control en lo que las organizaciones califican como una “isla cárcel”.
Fuente: KchComunicacion