El trabajo realizado en el país para garantizar la competencia entre los agentes económicos en el mercado ha mostrado avances significativos. Sin embargo, para avanzar aún más en beneficio del país y de los consumidores, la actual administración de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentará una enmienda a la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia.
Según la presidenta de la Junta Directiva de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, se han logrado avances en el país y se ha llegado a muchos sectores, “pero aún queda mucho camino por recorrer”. Reveló que la institución presentará un proyecto de reforma a la Ley 42-08 para imponer sanciones ejemplares por competencia desleal, una demanda de los sectores empresariales.
Actualmente, la legislación antes mencionada penaliza a los infractores con salarios mínimos, pero el proyecto de ley propone que las multas se basen en la facturación del año fiscal anterior.
También propone controlar las concentraciones, ya que República Dominicana es el único país de la región que no impide las concentraciones de mercado.
La legislación actual presenta varias debilidades: falta de un mecanismo de control previo del impacto de las concentraciones económicas sobre la libre competencia; limitaciones en materia de sanciones y procedimientos; insuficiente coordinación interinstitucional; falta de recursos humanos y financieros; y falta de una cultura de competencia.
Explicó que antes de fusionarse, las empresas deben pasar por Procompetencia para evitar la creación de monopolios o abusos de posición dominante.
Este tipo de situaciones pueden tener un impacto interno, ya sea dentro o fuera del país, como en el caso de las fusiones de aerolíneas extranjeras, que de haber ocurrido habrían llevado a un acuerdo sobre los precios de los boletos y creado un monopolio.
En la reforma a la Ley de Competencia, también considera esencial incorporar la cuestión de la clemencia para detectar cárteles y colusiones, ya que esta herramienta fomenta la denuncia de prácticas anticompetitivas, como los cárteles. Otro tema será la revisión de las fechas de caducidad y los plazos de prescripción en el ámbito penal, ya que actualmente el plazo de prescripción es de solo un año. Y en los mercados digitales, donde el precio es un parámetro, la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas.
La funcionaria explicó, durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, que este año se han realizado dos talleres para facilitar la comprensión de la entidad y la importancia de los temas de competencia en la economía a comunicadores y periodistas, jueces del Poder Judicial, así como a funcionarios de ética e integridad del Gobierno y directores de compras, con el fin de contribuir a la capacitación de actores clave. La meta, afirmó, es llegar a 1.000 servidores públicos este año, y desde abril pasado, 800 ya han sido capacitados.
Explicó que la idea es que los funcionarios de ética e integridad del Gobierno se conviertan en supervisores, dada la importancia de las contrataciones públicas, que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) del país. «Cuando se violan, el Estado termina comprando bienes más caros y de menor calidad», afirmó.
Según la funcionaria, la primera sanción por colusión se aplicó el año pasado. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas: una en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), dos en los comedores económicos y otra en el mercado de oxígeno medicinal. Por ello, afirmó: «El enfoque tiene un doble propósito». El primero es la capacitación de actores clave, ya que «las especificaciones son la base de la teoría», y garantizar que se cumpla el objetivo de la libre competencia. El segundo es la defensa de la competencia, para identificar alertas de colusión.
El presidente de Procompetencia participó en el Desayuno Listín, acompañado por José Beltré, director de promoción y abogacía de la competencia; Liverca Gómez, jefa del departamento de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, jefe del departamento de comunicaciones; Jorge Espinosa, jefe de medios; Jacqueline Genao, coordinadora de oficina; y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.
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El artículo 61 de la Ley 42-08 establece multas mínimas equivalentes a 30 salarios mínimos, con un máximo de 3000 salarios mínimos; otras multas equivalentes a 200 salarios mínimos, con un máximo de 3000 salarios mínimos; y 30 salarios mínimos, con un máximo de 3000 salarios mínimos. Por proporcionar información falsa a la comisión, la multa es de 50 salarios mínimos, hasta 200 salarios mínimos, según la infracción.
Fuente: Dominican Today