El acuerdo de colaboración entre la República Dominicana e Israel, que el presidente Abinader anunció en 2023, como parte del plan para mejorar la gestión del agua, no prosperó: en verdad, ni se inició. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) rescindió el contrato de consultoría firmado con la empresa estatal israelí Mekorot Israel National Water Co. Ltd, por un monto de más de dos millones de dólares.
El contrato estipulaba la realización de varios estudios sobre la situación actual del agua en República Dominicana, el potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas), y la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para desarrollar un sistema de asignación que permita regular esa demanda. Incluía también un estudio de los planes alternativos de abastecimiento de agua, un análisis económico y recomendaciones para un plan maestro.
La Dirección General de Contrataciones Públicas dio a conocer la rescisión del contrato como respuesta a una denuncia presentada por la Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana. Esta organización manifestó que el contrato aumentaría la deuda externa, pondría en riesgo la soberanía hídrica, ignoraría la experiencia técnica del Inapa, menospreciaría la capacidad de los profesionales locales en temas hídricos. Además, esta Dirección cuestionaba la legalidad del contrato, ya que se había realizado de manera directa, sin cumplir con las disposiciones de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.
En septiembre de 2023, la Red Socioambiental solicitó la nulidad del contrato. Contrataciones Públicas informó que, tras notificar al Inapa, la entidad le entregó el documento de rescisión del contrato que firmó el Inapa el 14 de agosto de 2023 y la empresa israelí, el 14 de noviembre del mismo año. El documento asegura que la terminación se realizó de común acuerdo.
Inapa, dirigida por Wellington Arnaud, manifestó que decidió rescindir el contrato inmediatamente después de la denuncia, de manera irrevocable, sin responsabilidades jurídicas y sin erogación de fondos. Basado en la terminación amistosa y en el hecho de que ninguna de las partes entregó copias del contrato, Contrataciones Públicas dio por resuelto el tema.