A cambio de un soborno semanal que era descontado a las jóvenes colombianas retenidas en contra de su voluntad por una red que las explotaba sexualmente, miembros de la Policía Nacional «garantizaban protección y libre desarrollo» a los imputados.
Los miembros de la institución del municipio de Santo Domingo Este (SDE), que debe brindar seguridad a todas las personas en esa jurisdicción, también se comprometían, por el pago del soborno, a alertar a los encartados de cualquier sospecha por parte de otras autoridades.
La corrupción policial que permitió la operación de la red de trata de personas está descrita en la solicitud de medida de coerción que sometió el Ministerio Público a la Oficina de Atención Permanente de SDE.
Las más de 40 extranjeras rescatadas estaban obligadas a brindar servicios sexuales que la red publicaba en páginas web, bajo amenazas, y algunas de ellas incluso tienen lesiones físicas.
Mientras se encontraban secuestradas en varios locales de SDE, debían «generar dinero para pagar sobornos semanalmente a miembros de la Policía Nacional», dice textualmente el expediente que cita varios montos, desde 1,000 pesos hasta 10,000 pesos por cada mujer.
El documento depositado por los fiscales no identifica a los miembros de la Policía y tampoco agentes u oficiales sometidos, pero solicita al juez declarar el caso complejo para ellos tener más tiempo en la investigación para someter la acusación por la característica de delincuencia organizada de la supuesta red.
Los imputados
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva a ocho vinculados a la red, que son los dominicanos Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo) y su hijo Johanse Díaz Lemonier (Johan), así como para Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo).
También se pide la misma medida de coerción para las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana y/o Naye y/o, Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
La solicitud de la medida de coerciónal juez se aplazó para el viernes 27 de junio a las 2:00 de la tarde.
¿Cómo se les contactó?
Las víctimas fueron contactadas por el grupo de supuestos criminales a través de las redes sociales, que se aprovechaban de su situación de desempleo, pobreza extrema y con familiares en situación médica delicada, agrega la solicitud de medida de coerción.
¿Dónde se les retenía?
Las colombianas eran retenidas en dos edificios y residencias de Santo Domingo Este, ubicados específicamente en la calle Costa Rica, del sector Alma Rosa; en la Respaldo 25, del ensanche Ozama; en el Residencial Hanna, ubicado de la calle Padre Paules, y en la calle Puerto Rico, No. 99, también en Alma Rosa.
Los días jueves eran trasladadas a la discoteca Lekker, en la calle Gilberto Montás, en San Cristóbal, en donde eran ofertadas a posibles clientes.
Según el órgano acusador, los encartados retenían los pasaportes de las chicas y les advertían que tenían que pagar una deuda de 3 a 4 mil dólares. También las amenazaban con hacerle daño a sus padres en Colombia.
Fuente: Diario Libre