El Gobierno de Javier Milei anunció que vetará completamente el proyecto de reforma jubilatoria aprobado por el Senado y con media sanción en Diputados.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que no habrá negociaciones sobre el veto, argumentando que la reforma rompería el equilibrio fiscal al implicar un gasto del 1,2 % del PIB, lo que llevaría al Estado a contraer deuda.
El presidente tiene hasta diez días hábiles para realizar el veto, que es visto como una medida para evitar el aumento del gasto público sin recursos adicionales.
Las jubilaciones han sido afectadas por el plan de ajuste del gobierno, que ha priorizado una actualización por decreto basada en la inflación, en lugar de la fórmula anterior de actualización.
En respuesta al veto, el Gobierno planea una actualización por decreto de las pensiones del 4 % en septiembre, elevando el haber mínimo a 314 dólares.
La Constitución argentina permite al presidente vetar leyes, aunque el Parlamento puede revertir este veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.