Un reciente informe de la ONU denuncia que el gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el sector universitario del país como parte de una campaña sistemática para suprimir la disidencia.
Según el documento de 96 páginas elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, se han documentado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias de estudiantes, así como la represión violenta de protestas desde 2018. Entre las víctimas mencionadas se encuentran líderes estudiantiles como Lesther Alemán y Max Jerez.
El informe señala que el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado decenas de universidades y centros de educación superior, afectando a más de 37,000 estudiantes, como parte de su política represiva tras las manifestaciones masivas de 2018.
Estas instituciones, que solían ser focos de activismo estudiantil, fueron despojadas de su autonomía y convertidas en herramientas de control político. Además, al menos 150 estudiantes fueron expulsados arbitrariamente de sus universidades, y algunos vieron anulada su matrícula sin previo aviso, como represalia por su participación en las protestas.
El documento también detalla cómo los estudiantes detenidos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, largos interrogatorios y juicios sin garantías procesales, siendo condenados a penas de hasta 15 años de prisión por cargos como terrorismo y robo agravado.
El informe responsabiliza directamente al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por utilizar el aparato estatal para llevar a cabo estas violaciones. La ONU llama a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la represión en Nicaragua y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.