El nuevo Código Penal de la República Dominicana establece penas más severas para los funcionarios públicos que cometan delitos relacionados con el mal manejo de fondos y bienes del Estado, incluyendo la malversación, el peculado y el pago irregular de contratos administrativos.
De acuerdo con los artículos 303 al 307 de la normativa, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, los servidores públicos que desvíen o utilicen de forma indebida recursos del Estado enfrentarán condenas que van desde los dos hasta los veinte años de prisión mayor, además de cuantiosas multas económicas.
El artículo 303 tipifica como malversación de fondos públicos el uso fraudulento de recursos para fines distintos a los autorizados. Este delito conlleva una pena de dos a tres años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público.
Fuente: Alfredo de la Cruz