El proyecto de ley especial aprobado en la Cámara de Diputados, que busca saldar decenas de deudas viejas con contratistas por obras realizadas y no pagadas, algunas desde hace 30 años, establece en sus artículos 4 y 6, que el Estado tiene pendiente el pago de contratos informales a 571 empresas y personas físicas.
De estas, 95 contratistas ejecutaron obras públicas y los restantes 476 realizaron mantenimientos correctivos a favor del Ministerio de Educación.
La ley, votada de urgencia, ahora solo espera por su promulgación, y aunque no establece el monto total a pagar, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que la elaboró, afirma que este asciende a alrededor de 2,000 millones de pesos.
Las que deben más
Los 95 contratistas, a los que se les adeuda pagos que datan de hasta 1996, tienen convenios que se agrupan en 17 contratos para el Ministerio de Obras Públicas, cuatro en el Ministerio de Educación, cuatro en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, seis en el Instituto Nacional de Aguas Potables, dos en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y 71 contratos en el Ministerio de la Vivienda, que es la entidad que congrega más deudas.
Aunque el Ministerio de la Vivienda es una institución relativamente nueva, creada en el 2021, heredó contratos sin saldar que se arrastran desde hace años y que pertenecieron a entidades ya extintas como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi).
Otras instituciones que tienen contratos sin pagar son el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) y la Junta Central Electoral (JCE). Cada entidad adeuda un solo contrato.
Los contratistas a los que el Estado les debe más dinero por obras ejecutadas son Wagner Manuel Mosquea, con tres contratos; el ingeniero Arturo Aníbal Rincón, con tres contratos y Miguelina Rincón Santana, con dos contratos.
Entre las obras hay arreglos de calles, construcciones de puentes, viviendas, acueductos y sistemas eléctricos. La ley dispone que el Estado trate los atrasos como deuda pública.
Fuente: Diario Libre