El Ministerio Público depositó este jueves un recurso de apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con el objetivo de revocar la medida de coerción que permitió la libertad bajo fianza de Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril.
La jueza Fátima Scarlette Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había impuesto una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como los abogados de las víctimas consideran que la medida es insuficiente ante la magnitud de la tragedia, que dejó 236 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos, según cifras oficiales.
Entre los principales argumentos de la apelación se encuentran la supuesta falta de valoración de pruebas clave, un posible conflicto de interés por parte de la magistrada y la calificación jurídica del caso como homicidio involuntario, lo que implica penas de apenas seis meses a dos años. El procurador adjunto Wilson Camacho calificó la decisión como “una burla a las víctimas” y aseguró que el Estado agotará todas las vías legales para lograr justicia.
Además, los abogados querellantes, encabezados por Félix Portes, indicaron que se han presentado más de 120 querellas civiles contra los propietarios del local, alegando negligencia grave en la gestión estructural del edificio. Los informes técnicos del Ministerio Público concluyen que el desplome se debió a sobrecarga en la estructura por la instalación de equipos pesados sin el debido estudio.
La Corte de Apelación deberá decidir en los próximos días si mantiene la medida actual o si ordena prisión preventiva. El Ministerio Público cuenta con un plazo de 20 días hábiles para sustentar formalmente su apelación.
Fuente: El Avance