Milei disuelve la Administración General de Puertos, despide al 79 % y reestructura el sistema portuario argentino

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), en una medida que implicará el despido del 79 % de su personal. La noticia fue divulgada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X, quien calificó al organismo como un “antro de corrupción y privilegios”. Esta reestructuración incluye la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que concentrará las funciones de la AGP y otros entes similares.

Según Adorni, esta decisión busca aumentar la eficiencia y la transparencia en la gestión portuaria, al mismo tiempo que se reducen los costos operativos. Entre las medidas adoptadas figuran la eliminación de áreas con funciones duplicadas, la venta de inmuebles considerados innecesarios y la remoción total de la cúpula directiva de la AGP. Estas acciones forman parte del plan de Milei para reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal mediante un drástico recorte del gasto público.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el gobierno de Milei ha implementado múltiples ajustes, que han llevado a la pérdida de más de 34,000 empleos públicos y un impacto significativo en la clase media argentina. Además, estas políticas han contribuido al aumento de la pobreza, que ahora supera el 50 %, profundizando las tensiones sociales en el país.

Adorni justificó estas medidas como necesarias para sanear la administración pública, a pesar de las críticas que señalan el costo humano y económico de estas decisiones. La transformación de la AGP en ANPYN es presentada por el Ejecutivo como un paso hacia una administración más eficiente, aunque los sectores afectados consideran que el gobierno prioriza las cifras fiscales sobre el bienestar de la población.

Este anuncio es un reflejo del enfoque económico de Milei, que sigue avanzando en 2025 con su plan de ajuste. Mientras tanto, el debate público continúa sobre las consecuencias de estas políticas y su impacto en un país que enfrenta crecientes desafíos económicos y sociales.

Fuente: Somos Pueblo

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