Esta semana, el Senado de México votó a favor de un importante rediseño al sistema judicial del país y una mayoría de los estados de la federación aprobaron la medida.
Se trata del asunto más divisivo en el país justo cuando quedan días para el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La medida propone, entre otras cosas, la elección de la mayoría de jueces a través de voto popular, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia, que además sería reducida. El nuevo sistema, que afectaría a unos 7,000 magistrados, eliminaría la mayoría de nombramientos; los jueces militares serían de las pocas excepciones.
La ley es una iniciativa abanderada por el presidente López Obrador. El mandatario y sus partidarios aseguran que es una medida necesaria para eliminar la corrupción del sistema judicial y poner la impartición de justicia en manos de los ciudadanos, al “reafirmar que en México hay una auténtica democracia”.
Los cambios “se implementarían gradualmente, con una gran parte del poder judicial participando en una elección en 2025 y el resto en 2027”. Los estados, en su mayoría gobernados por Morena, el partido del presidente y su sucesora, Claudia Sheinbaum, deberán modificar sus constituciones y organizar elecciones.
Existe un amplio consenso en el país respecto a las deficiencias del poder judicial y la impartición de justicia. El 66 por ciento de los mexicanos consideran que el sistema está viciado, según estudios del gobierno.