El fallecimiento de Alberto Fujimori a los 86 años pone fin a los numerosos juicios pendientes en su contra, dejando una sensación de inconclusión para las miles de víctimas de su régimen. Entre los casos más emblemáticos que quedaron sin sentencia están las esterilizaciones forzadas, donde miles de mujeres, principalmente de zonas rurales, fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento.
Este proceso judicial ha sido archivado y reabierto en varias ocasiones, y aunque se esperaba justicia, la muerte del expresidente ha paralizado las esperanzas de una resolución definitiva. Otro de los casos pendientes es la masacre de seis campesinos por parte del grupo encubierto Colina, un episodio más en el oscuro historial de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.
Fujimori ha sido vinculado también con la venta ilegal de armas a las desmovilizadas FARC y casos de corrupción que rodearon su administración. A pesar de que algunos de sus colaboradores, como su exasesor Vladimiro Montesinos, han sido condenados por sus crímenes, el exmandatario nunca enfrentó las sentencias correspondientes a estos hechos.
Fujimori, quien había sido indultado y liberado en sus últimos años, queda en la historia peruana con un legado complejo y polémico. Mientras sus partidarios destacan los logros económicos de su gobierno, sus detractores siguen exigiendo justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas bajo su mandato. Su muerte deja estos casos sin resolución y reaviva el debate sobre la impunidad en el sistema judicial peruano.