Apesar del pedido que realizó para frenar la audiencia de este martes, finalmente la jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el «escándalo del documental» durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, que provocó la nulidad del proceso. El jurado de enjuiciamiento aceptó las acusaciones en su contra y le hizo efectiva la quita del 40% de su sueldo.
Fuentes del caso le afirmaron a PERFIL que el jurado optó por admitir la acusación contra la titular del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro al considerar que existe un posible dellito que se debe investigar. Con esta instancia, la renuncia que presentó Makintach el pasado 27 de junio no podrá ser aceptada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo cual era una de las cartas con la que contaba la magistrada para evitar el jury.
Los conjueces se reunieron en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, donde comenzaron rechazando los planteos que había realizado el abogado defensor de Makintach, Darío Saldaño. Entre otros puntos, el letrado había solicitado que se suspendiera la jornada al entender que no se habían cumplido los plazos para elegir a un nuevo integrante del jurado tras la salida de la senadora Lorena Mandagaran.
Saldaño expresó que esta situación habría dejado incompleto el jurado suplente y no se habría cumplido lo que dicta del artículo 4 de la ley 13.661, que indica que se requieren tres suplentes en el cuerpo y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.
Por otro lado, también había pedido que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerenses, Hilda Kogan, sea apartada del jury por sospechas de «parcialidad manifiesta».
El jurado de enjuiciamiento no compartió este criterio, aceptó las acusaciones que pesaban en su contra y la suspendió por las sospechas en su rol durante el debate oral por el fallecimiento del exfutbolista. Durante el mismo, se cree que colaboró con la realización de un documental que iba a llamarse «Justicia Divina», para el cual brindó una entrevista y permitió que un equipo grabara en video y audio parte de las audiencias.
De las ocho denuncias originales contra la jueza del TOC 2 sanisidrense, cinco reafirmaron sus acusaciones. Entre ellas se encuentran las del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, la de un grupo de legisladores bonaerenses, la de la Bicameral y la de Julio Coria, excustodio de Maradona quien fuera imputado y arrestado por supuesto «falso testimonio».
Las presentaciones sostienen que habría «incurrido en el mal desempeño de sus funciones» y se la acusó por parcialidad en el proceso, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
Otro de los cuestionamientos que hizo su defensor apuntan a que los jueces Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 junto a Makintach en el primer juicio por el caso de la muerte de Maradona, presuntamente estaban al tanto de las filmaciones y las decisiones las habría tomado con ellos bajo consulta. Por este motivo, pidió que la acusación se ampliara contra ellos.
Jueza Makintach: «No hubo filmación prohibida»
La semana pasada, la jueza presentó un escrito de 30 páginas en las que expresó: “No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.
De esta manera, apuntó contra Di Tomasso y Savarino al decir que supuestamente estaban al tanto de las filmaciones, algo que de lo que los habría mantenido al tanto con conversaciones “de modo diálogo presencial y vía chat de WhatsApp”.
Sobre la grabación del documental Justicia Divina, realizada por la productora LaDoble, sumó: “La presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”.
En otro tramo de su descargo, Makintach sostuvo que solo aceptó la propuesta de una amiga de la infancia (María Lía Vidal) para “dar una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio, un día inhábil, lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial”. Por último, concluyó diciendo que no habría “posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad o violación de deberes funcionales».
Fuente: Perfil