La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con sus acciones en Gaza desde octubre de 2023.
Según la CPI, ambos líderes son presuntamente responsables de actos como inanición de la población civil, persecución y ataques deliberados contra civiles, así como de restringir la ayuda humanitaria esencial, lo que habría provocado sufrimiento extremo. Las órdenes de detención se mantienen clasificadas para proteger el desarrollo de las investigaciones.
Estas acusaciones colocan a Netanyahu y Gallant en una posición delicada, ya que podrían ser arrestados si viajan a cualquiera de los 120 países miembros de la CPI.
Sin embargo, dado que Israel y Estados Unidos no reconocen la jurisdicción de la corte, las implicaciones prácticas podrían ser limitadas. La decisión podría aislar aún más a Israel en el ámbito internacional y dificultar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto con Palestina.
Desde Israel, la medida ha sido denunciada como sesgada y antisemita por parte de funcionarios gubernamentales, quienes argumentan que la CPI ha ignorado pruebas clave.
Israel sostiene que el tribunal no tiene competencia sobre este caso y ha tachado las acusaciones de estar influenciadas por una agenda política contra el Estado hebreo. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención las posibles repercusiones de esta decisión en el panorama político y geopolítico global.