“Quién le pone el cascabel al gato” es un dicho popular que proviene de una fábula en la que unos ratones, preocupados por el acecho del felino, proponen ponerle un cascabel para poder escuchar sus movimientos. Sin embargo, ninguno se anima a hacerlo, dado el peligro evidente que representa acercarse al gato. Con sus claroscuros la expresión puede aplicarse a Néstor Otero, un empresario de bajo perfil y que siempre se movió en las sombras. Aunque esto terminó volando en pedazos.
A Otero ya se le venció hace diez años la prórroga que, por una década le había otorgado el condenado secretario de Trasporte Ricardo Jaime. Con procesamientos y condenas, los negocios del “zar de Retiro” permanecían, hasta ahora, inmutables. Es un negocio híper lucrativo y tiene la dimensión de un pueblo medio: pasan por allí unas 100 mil personas por día. Y contiene negocios, gastronomía y hasta una morgue.
En noviembre de 2024, con La Libertad Avanza en la Casa Rosada, el Gobierno empezó a mover fichas para traspasar la terminal de ómnibus de Retiro de la órbita de la Nación a manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reclamo histórico del distrito que se conversó en distintas administraciones, pero nunca prosperó. Para forzarlo, la gestión libertaria aumentó de 3,6 a 34,2 millones de pesos el canon que debe pagar mensualmente la concesionaria que maneja Néstor Otero, tal como publicó Infobae.
En paralelo, la Casa Rosada empezó a conversar la transferencia con funcionarios del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Un hecho que no prosperó, según le dijeron ayer a este medio fuentes inobjetables del gobierno porteño.
A principios de octubre, el Gobierno subió la tasa: mediante la resolución 37/2024, modificó el canon de $3.654.876 que había permanecido inmutable desde 2020 a pesar de la escalada de inflación, durante el mandato de Alberto Fernández- y lo llevó a $34.258.624. Además, estableció una “revisión periódica”, más allá de los costos, a través de una fórmula de actualización cuatrimestral.
Infobae también reveló que el 27 de noviembre de 2024, el “zar” estuvo en la Casa Rosada para quejarse por ese aumento ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que le concedieron una reunión en las oficinas de Interior, en la planta baja de la Casa Rosada. Los funcionarios escucharon su reclamo, dijeron que lo analizarían, y le plantearon la posibilidad de un traspaso a la Ciudad.
Nada de eso sucedió. El canon permanece hasta ahora en torno a los 20 mil dólares mensuales y, como se explicó, tampoco avanzo el traspaso a CABA, como tampoco lo fue con el puerto.
“Hacen alarde de que quieren ayudar, pero las cosas grandes no las transfieren. El puerto es importante en términos económicos. 31 líneas de colectivo y la terminal de Retiro son medidas insignificantes. Hacen gestos de colaborar, pero en cosas chicas”, ya se quejaba la administración del primo del ex presidente Mauricio Macri a finales de 2024.
En cambio, Balcarce 50 avanza con un proyecto privado impulsado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran el grupo inmobiliario Narváez, Inversiones Peirod e Inverlat Investment SA, una firma de inversión privada fundada en 2011 y formada por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Osvaldo Pieruzzini, como socios principales.
El 18 de junio de 2024, en el Ministerio de Economía se plasmó el expediente EX2024-63935493 que contenía la iniciativa empresarial “Obra de remodelación, transformación, puesta en valor, operación y explotación comercial del centro de transporte de ómnibus de pasajeros de Retiro y sus usos anexos”.
Según pudo saber este medio por fuentes de la Casa Rosada y del sector privado, la iniciativa, que se fue actualizando a lo largo de los meses -por aumentos de costos y un dólar retrasado-, proyecta edificar un hotel de cadena internacional y, entre otros ítems, un centro de convenciones, servicio de alquiler de autos, espacios para taxis, playas de estacionamiento y hasta una feria permanente de actividades, un polo gastronómico, la compleja modernización urbana de la zona, y promoción turística dónde tengan participación las provincias del país.
La propuesta involucra una inversión del orden de los 100 mil millones de pesos y un canon de 100 millones de pesos mensuales, en torno a los 70 mil dólares. Sería el primer intento fuerte en desplazar al “zar de Retiro”.
Desde el sector empresarial se manejar con expectativas moderadas ¿podrá una iniciativa privada desbancar a Otero?, un pesado al que nadie pudo sacar del lugar a pesar de los incumplimiento y el abandono que presenta hoy por hoy la terminal de ómnibus más importante y emblemática de la Argentina.
Una anécdota: según pudo saber Infobae, todo lo que pasa en Retiro está bajo control de Otero. Hasta los baños: de hecho, una fuente reveló que son “alquilados” por unos 15 mil pesos diarios. “Cuando se dio cuenta lo que se llevaban los empleados de limpieza en propinas, decidió ‘concesionarlos’, y los tienen que pagar de manera diaria. De Otero dependen lo que se vende, lo que se compra y lo que se come en Retiro”.
Antecedentes oscuros
En 2014, la actual legisladora porteña Graciela Ocaña ya había denunciado a Otero y al gobierno porteño, a cargo de Mauricio Macri, por otra de las adjudicaciones del empresario que se diversificó en varios puntos del país.
En esa oportunidad la exministra de Salud refirió que: “Mediante la licitación N°8 del año 2012 de la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) se realizó el llamado a licitación pública para la construcción y mantenimiento de la Terminal de Ómnibus Dellepiane, conocida como la nueva terminal de ómnibus sur. Esta iniciativa surgió por iniciativa privada de Terminales Terrestres Argentina S.A (TEBA S.A, actual concesionaria de la Terminal de Retiro)”.
En el escrito, la exdiputada nacional denunció que: “El único oferente de la licitación mencionada fue la empresa solicitante, que fue finalmente la adjudicataria de la licitación, es decir, Terminales Terrestres Argentina S.A.” Y que: “Bajo este esquema, la Ciudad contará con una nueva terminal de ómnibus totalmente privada sobre la que no tendrá ningún tipo injerencia ni control. Esto implica, entre otras cosas, que nunca podrá sacarle la concesión al privado, por la sencilla razón de que no existe tal concesión”.
Otero no solo se quedó con la nueva terminal, sino que, tal como describió Ocaña, extendió sus tentáculos a “San Martín, la de San Rafael, La Plata, la nueva terminal FerroAutomotora de Mar del Plata y la Estación Once”.
Pero vayamos por tramos.
Su bien ganado apodo de “el zar de Retiro” se debe a que desde 1993, durante la gestión del presidente Carlos Saúl Menen se alzó con la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro, la principal estación terminal de transporte de ómnibus del país, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires a través de la TEBA S.A.
La adjudicación se otorgó a través de la Resolución N.º 859 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el 9 de agosto de 1993. Esta adjudicación fue confirmada posteriormente por el Decreto N.º 1995 del 23 de septiembre de 1993.
Por entonces el canon que abonaba al Estado era de unos 480 mil dólares que por la convertibilidad cambiaria de entonces era igual a 480 mil pesos.
Cuatro años después, el 29 de agosto de 1997, Otero comenzó a tener problemas. La Secretaría de Transportes de la Nación amenazó con rescindir el contrato con la empresa si no se llegaba a una definición por la deuda de 5.000.000 de pesos que ésta mantenía con el Estado en concepto de canon.
Sobre el vencimiento del plazo que se le había otorgado a TEBA SA para regularizar su situación la empresa presentó un recurso de reconsideración, en el que argumenta que no puede pagar porque las compañías de transporte le deben más de 10.000.000 de pesos. Lo que equivalía a 10 millones de dólares.
Finalmente, la empresa siguió a cargo de la concesión, aunque no cumplía con las pautas acordadas.
Por ejemplo, una auditoría de la de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la empresa no cumplía y que no había sido sancionada por la Secretaría de Transportes. Otero, fue saltando, o corriendo los escollos que se le presentaban en el camino. Pero, la buena fortuna del “El Señor de las Terminales” comenzó a doblarse en la primavera de 2011.
Por esa fecha aparecía la primera edición del libro El ReKaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista. Allí, Omar Lavieri realizó un largo recorrido sobre la actuación pública del secretario de Trasporte de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2006. Un capítulo destacado mereció la inocultable relación entre los empresarios del sector, como Otero, y Jaime.
El camino se terminó de torcer cuando, en octubre de 2015, Jaime admitió ante la Justicia haber cobrado coimas de Otero, empresario al que debía controlar en tanto era -y sigue siendo- el dueño de la principal terminal de micros del país.
El contrato original firmado en los años de oro del menemismo fue por 12 años. La adjudicación incluyó la explotación de la terminal y de sus negocios complementarios (locales comerciales, estacionamiento, boleterías, depósito y servicios anexos).
Posteriormente, en 2006, ya bajo la gestión del secretario de Transporte Ricardo Jaime, el contrato fue prorrogado por 10 años más, hasta 2015, y luego mediante sucesivas prórrogas excepcionales hasta el día de hoy. Pasaron 32 años y las presidencias de Carlos Menem; Fernando de la Rúa; Néstor Kirchner; los dos mandatos de CFK; su sucesor Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Los mandatarios pasaron pero el “zar de Retiro” quedó a pesar de haber sido procesado, condenado y hasta esperar ahora el juicio oral y público de la causa “cuadernos” con tobillera electrónica en su casa.
Otero no solo resistió a los diferentes gobiernos, sino que imponía condiciones. En 2006, se modificaron las condiciones contractuales a pedido de TEBA: la prórroga incluyó una reducción del canon mensual de 400.000 a 100.000 pesos, y se le perdonaron multas y deudas.
En esa oportunidad se denunció que la concesión otorgó a Otero beneficios desproporcionados y prácticas monopólicas dentro de la terminal (como la obligatoriedad de contratar servicios o insumos a empresas ligadas a TEBA).
La gestión de Otero fue cuestionada por el deterioro de la infraestructura, baños en mal estado, falta de mantenimiento y diversas irregularidades administrativas.
Para Otero, entre otros empresarios que supieron aceitar los eslabones adecuados el camino terminó en precipicio cuando estalló el escándalo de la “Causa Cuadernos de la Corrupción” publicados en La Nación por el periodista Diego Cabot.
En ese expediente Néstor Otero fue señalado por el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones como uno de los empresarios que habría entregado dinero en efectivo a funcionarios del área de Planificación Federal.
El juez federal Claudio Bonadío -ya fallecido- ordenó la detención de Otero en agosto de 2018, y durante un allanamiento en su departamento de Puerto Madero se hallaron un millón de dólares y un millón y medio de pesos en efectivo en tres cajas fuertes.
La investigación determinó que Otero habría realizado entregas de sobornos, en consonancia con otros empresarios del sector y según el registro detallado en los cuadernos. Tras su detención, la Cámara Federal le concedió la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.
En diciembre de 2018, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Otero por cohecho, y lo benefició con prisión domiciliaria dónde, con un ojo observa las alternativas del juicio oral que deberá afrontar, y con el otro, las negociaciones del grupo empresarial que pugna desplazarlo de su feudo en retiro después de 32 años y una larga cadena de cuestionamientos.
La iniciativa privada -que se presentó por primera vez en junio de 2024- no solo prevé hacerse cargo de la operatividad de la terminal de ómnibus abonando más del triple del canon mensual, sino, y quizás lo más novedoso, desarrollar el territorio y reconvertir el área que rodea el lugar.
Fuente: Infobae