El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra tres personas acusadas de estafa, uso de documentos falsos y asociación de malhechores en perjuicio de inversionistas del proyecto habitacional «Paraíso Dorado».
La medida de coerción pesa en contra de Jesús Aldea Abián, ciudadano de nacionalidad española; su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras, y el abogado Pedro Pablo Pérez, quienes son investigados por su supuesta participación en un esquema fraudulento relacionado con el desvío de fondos del referido proyecto.
La jueza Rosalba Francisco Parra acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Massiel Peña, tras considerar suficientes los elementos presentados durante la audiencia preliminar, entre ellos, un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que confirmó la falsificación de la firma de Dámaso Medrano Reyes, querellante en el caso.
De acuerdo con el expediente, los acusados utilizaron un poder falsificado, supuestamente legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte, para desviar dinero hacia dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los imputados. A pesar de los fondos recibidos, la obra nunca fue ejecutada.
Continúa investigación
El proceso continúa bajo la dirección de la fiscal investigadora Rosalía Vargas Gómez, quien avanza en las diligencias para determinar el alcance del fraude.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como violación a los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 del Código Penal dominicano, y se mantiene en vigilancia del cumplimiento de las medidas impuestas mientras se desarrolla la investigación del caso.
Origen
En el año 2020, con el respaldo de la empresa DM & R SRL, Jesús Aldea comenzó a promover el proyecto Paraíso Dorado en la provincia Puerto Plata.
Decenas de compradores reservaron inmuebles con la esperanza de establecer un patrimonio. Sin embargo, hasta el momento, la realidad ha sido distinta, pues no se han entregado las viviendas.
Antecedentes en su país
Según el diario español Heraldo de Aragón, Jesús Aldea fue acusado en 2017 junto a otros empresarios de haber cometido un fraude fiscal por más de 400,000 euros a través de la declaración irregular del IVA en Zaragoza.
Las autoridades españolas habrían emitido una orden de búsqueda y captura tras no comparecer en múltiples citaciones judiciales.
Fuente: Diario Libre