Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, en el sur de México, ha sido asesinado a menos de una semana de haber tomado posesión de su cargo, según informaron las autoridades. El asesinato de Arcos, «nos llena de indignación», escribió en las redes sociales la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, sin dar más detalles sobre las circunstancias.
Los medios de comunicación locales informaron de que Arcos fue decapitado, pero no ha habido confirmación oficial. El difunto alcalde fue elegido en junio en representación de una coalición opositora que incluía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual denunció su asesinato como un “crimen cobarde” y pidió justicia.
“¡Basta ya de violencia e impunidad! Las y los guerrerenses no merecen vivir con miedo”, demandó el PRI en su cuenta de X.
Su asesinato se produjo días después del de otro funcionario municipal, Francisco Tapia, según el presidente del PRI, Alejandro Moreno: “Llevaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban el progreso de su comunidad”.
Guerrero, un estado sumido en la violencia derivada del crimen organizado, es uno de los más pobres de México y ha sufrido años de violencia vinculada a las guerras territoriales entre cárteles que luchan por el control de la producción y el tráfico de drogas.
En 2023, se registraron 1,890 asesinatos en el estado, que alberga la ciudad de Acapulco, considerado antiguo patio de recreo de ricos y famosos ahora asolado por la delincuencia.
En todo México, más de 450,000 personas han muerto y decenas de miles han desaparecido en una espiral de violencia desde que el Gobierno desplegó el Ejército para combatir el narcotráfico en 2006.
Los políticos, sobre todo a nivel local, suelen ser víctimas del derramamiento de sangre relacionado con la corrupción y el multimillonario tráfico de drogas.