El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este lunes un estado de calamidad por 30 días en todo el país debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias, que han dejado 13 muertos y casi cinco millones de afectados desde mayo.
La medida, publicada en la gaceta oficial, fue aprobada durante una reunión con el Consejo de ministros y, entre otras cosas, restringe algunos derechos constitucionales como el libre tránsito. El Congreso, dominado por la oposición derechista, tiene tres días para ratificar, modificar o desaprobar la decisión presidencial.
Si es aprobada, el gobierno podrá disponer de recursos económicos sin convocar a licitaciones para enfrentar las emergencias. El gobierno argumentó que un estudio del instituto local de meteorología determinó un exceso de lluvias en la actual temporada, causando saturación de suelos y «daños significativos» en viviendas e infraestructura.
Estas condiciones han aumentado el «riesgo de eventos que puedan afectar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad» en este país centroamericano, donde el 59% de los 17,7 millones de habitantes vive en la pobreza. Con la aprobación del estado de calamidad, se ordena a la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a cargo de la protección civil, evacuar a las personas que se encuentran en «las regiones afectadas o que estén en peligro».