El Gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, ha oficializado este viernes la revocación de las pensiones vitalicias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial tras una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), argumentando que dichas pensiones son “jurídicamente incompatibles” para quienes hayan cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas.
Este movimiento ocurre poco después de que un tribunal confirmara una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Fernández por corrupción en la adjudicación de obras viales durante sus gobiernos.
La expresidenta no tardó en responder, calificando al presidente Milei de “dictadorzuelo” y denunciando la medida como “ilegal”. Según Fernández, las pensiones otorgadas a los expresidentes se basan en el “mérito” de haber sido elegidos democráticamente, no en la evaluación del desempeño durante su mandato.
Argumentó que sólo el Congreso puede juzgar el mal desempeño de un presidente mediante un juicio político, cuestionando la legitimidad de la decisión del Ejecutivo actual.
Este conflicto entre el nuevo Gobierno y la exmandataria promete intensificar la polarización política en Argentina, donde las medidas de Milei están generando tanto apoyo como rechazo.
El retiro de las pensiones se enmarca en un contexto de ajustes y reformas anunciadas por el nuevo presidente, quien ha prometido combatir la corrupción y reducir los gastos del Estado.