El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una orden de detención tras no presentarse ante la fiscalía para declarar en un caso de presunto abuso de menores y trata de personas.
La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó la orden luego de que Morales, citado para declarar sobre un supuesto delito cometido en 2016, no acudiera a la convocatoria.
La defensa de Morales, encabezada por Nelson Cox, argumenta que la investigación es “ilegal” y una “persecución judicial” con el objetivo de obstaculizar su candidatura para las elecciones de 2025.
Desde el entorno de Morales, aseguran que su ausencia se debe a que teme por su vida, al haber recibido amenazas de muerte. Esta situación se agrava en un contexto de alta tensión entre Morales y el actual presidente Luis Arce, quien fuera su ministro.
La disputa entre ambos líderes ha polarizado al país y a la izquierda boliviana, generando incertidumbre sobre el futuro político y social de Bolivia.
Morales, que sigue en actividades políticas en el Chapare, ha expresado que el caso es un intento por “descabezar el movimiento popular boliviano” y ha acusado al gobierno de reactivar la denuncia como una estrategia para neutralizarlo políticamente.
En redes sociales, Morales reiteró que las acusaciones son una maniobra para impedirle competir en las próximas elecciones y aseguró que la reactivación de este caso es una muestra de la desesperación del gobierno de Arce ante la crisis y la falta de apoyo popular.