República Dominicana se está consolidando como un mercado creciente para los alquileres turísticos de corta duración, un entorno ideal para plataformas como Airbnb. Sin embargo, este auge ha planteado la necesidad de regular y aplicar impuestos conforme a las leyes nacionales.
Entre 2018 y 2023, el número de alojamientos disponibles en plataformas como Airbnb creció a una tasa anual de 23 %, según el informe «Impacto del turismo en la República Dominicana», publicado por Asonahores en abril. Al inicio de 2024, el país registró 47,474 propiedades de corta estancia, un aumento del 18.76 % en comparación con el año anterior, sumando un total de 117,049 habitaciones. El Ministerio de Turismo también reportó la estancia de 19,316 pasajeros en alojamientos de Airbnb solo el 20 de septiembre.
En cuanto a impuestos, los propietarios deben tributar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Si ofrecen servicios de hospedaje, también deben cobrar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), similar a los hoteles, explicó la economista Germania Montás, especialista en temas fiscales.
Aunque Airbnb ha publicado una guía para que los anfitriones registren el Itbis e ISR ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la empresa no actúa como agente retenedor en el país. Sin embargo, en 17 países, entre ellos Estados Unidos y Puerto Rico, Airbnb sí recauda y transfiere los impuestos en representación de los propietarios debido a acuerdos y leyes locales.
Esta situación plantea una pregunta: ¿por qué Airbnb no asume esta responsabilidad en la República Dominicana? Montás señala que recolectar impuestos y transferirlos implica asumir obligaciones tributarias, con tiempos y regulaciones que, en caso de incumplimiento, pueden acarrear sanciones. La especialista agregó que una negociación para que Airbnb apoye a las autoridades fiscales podría ser beneficiosa, tomando como ejemplo los acuerdos en otros países.
Fuente: Somos Pueblo