El presidente de Argentina, Javier Milei, desplazó a Florencia Misrahi (foto) como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, debido a una medida del ente recaudador, por la que comenzaban a gravar la actividad de streamers e influencers, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El funcionario adelantó, además, que otros dos funcionarios del organismo también fueron desplazados, y que al frente de ARCA quedará Juan Pazo, mientras que Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, lugar en el que días atrás había sido designado el futuro titular del ente recaudador.
“El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de ARCA y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers. Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Fin”. escribió el vocero presidencial en su cuenta de la red social X.
Luego, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X publicó otro comunicado en el que dio más detalles de la decisión de Milei. “La decisión de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales fue tomada de manera inconsulta, y será revertida de manera inmediata tras su salida”, advirtieron.
“Este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas la República Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación sino bajar el gasto público”, agregaron.
El enojo en la Casa Rosada lo generó una resolución de la ARCA, publicada en el Boletín Oficial, por la cual instagramers, bloggers, influencers y otras personas o grupos de personas que crean o difunden contenido audiovisual en redes y plataformas digitales deben inscribirse en los impuestos a nivel nacional y provincia, empezar a pagarlos y hacer aportes jubilatorios.
Es lo que se desprende de la Resolución General 5.607, publicada el 28 de noviembre en el Boletín Oficial, que incorporó la actividad 731002, que incluye la “creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual” que se utilicen o reproduzcan en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales “y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido”. La misma normativa también alcanza fiscalmente a la criptominería y las transacciones digitales.
Esto resulta de una actualización de las modificaciones introducidas al “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE) que introdujo la resolución que lleva la firma de la ahora ex jefa de Arca. La aplicación del nuevo CLAE implica la identificación de los creadores de contenidos digitales y general de hecho una “base imponible” que abarca al universo de instagramers, bloggers, youtubers, tiktokers y todo tipo de influencers que en adelante deberían facturar por sus servicios, sin posibilidad de elusión impositiva, porque incluso los canjes se calcularían a valor de mercado.
Cuando esta iniciativa y sus eventuales efectos llegaron a su conocimiento, el presidente Javier Milei, participante activo del mundo digital y partidario de una interferencia mínima del Estado en la actividad económica en general y en las nuevas tecnologías en particular, ordenó rever la medida.
El presidente ordenó también determinar qué funcionarios intervinieron en la elaboración de la resolución, altamente técnica y con numerosos artículos que disponen reemplazos de ciertas descripciones de actividad por otras, por lo que la responsabilidad recaería sobre los técnicos, probablemente de nivel de directores o subdirectores, que serían desplazados de la agencia fiscal.
Sucede que una vez sumados al código CLAE e identificados, los influencers deberían pagar una larga lista de impuestos nacionales y quedarían también al alcance de los fiscos provinciales, lo que no solo gravaría su actividad sino que podría incluso cortar de cuajo todo un ecosistema de desarrollos tecnológicos y creativos.
Los impuestos potencialmente aplicables serían monotributos, IVA, Ingresos personales (antes llamado impuesto a las Ganancias). Los influencers estarían obligados a pagar aportes al sistema de seguridad social (jubilaciones) y facturar los ingresos por sus servicios.
Además, los fiscos provinciales, según donde sea el asiento legal de su actividad, les impondrían el pago de Ingresos Brutos y, en el caso de las provincias adheridas al monotributo unificado, un monotributo provincial, que debería pagarse junto con la liquidación de ingresos brutos.
Los cambios al CLAE también alcanzarían las operaciones con criptomonedas, ya que la Resolución 5.607 actualizó el nomenclador de actividades realizadas con criptoactivos incluyendo las actividades de criptominado, sobre las cuales se diferencia según se realicen con equipos propios o alquilados.
Fuente: Infobae