Desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta enero pasado, el Gobierno implementó 138 medidas orientadas a liberalizar el comercio y abrir la economía, según un documento oficial del Ministerio de Economía enviado a LA NACION tras un pedido de acceso a la información pública.
La estrategia, coordinada por el equipo que responde al secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, se instrumentó a través de 37 normas —entre decretos y resoluciones— que impactaron en múltiples sectores productivos. El eje central fue facilitar importaciones para aumentar la competencia y presionar a la baja los precios internos, en un contexto de tensiones con distintos sectores industriales.
Foco en importaciones y desregulación
De las 138 medidas, 88 estuvieron dirigidas específicamente a cambios en el régimen de importaciones. El paquete incluyó reducciones arancelarias parciales y totales, eliminación de reglamentos técnicos, simplificación administrativa y modificaciones en los sistemas de control.
Entre los cambios estructurales más relevantes se destacó la eliminación del sistema SIRA —implementado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner— y su reemplazo inicial por el SEDI, que luego también fue derogado, eliminando permisos discrecionales y licencias no automáticas.
En materia arancelaria, el Gobierno avanzó con una serie de decretos (384/24, 908/24, 49/25, 236/25, 333/25, 513/25 y 781/25) que redujeron impuestos de importación en rubros como plásticos, electrodomésticos, neumáticos, herbicidas y bienes industriales. El decreto 333/25 fue uno de los más visibles políticamente al establecer una reducción progresiva hasta 0% en determinados bienes electrónicos, incluidos celulares.
También se modificó el régimen antidumping mediante el decreto 33/25, que redujo la duración de las medidas de cinco años renovables sin límite a tres años, con una posible extensión de dos años, e incorporó en la evaluación el impacto en precios al consumidor.
Exportaciones y retenciones
Si bien la apertura de importaciones concentró la mayor parte de la agenda, el Gobierno también dictó al menos 50 normas vinculadas a la promoción de exportaciones. Se destacan los decretos que eliminaron o redujeron derechos de exportación (697/24, 38/25, 305/25, 439/25, 526/25, 563/25, 682/25, 726/25, 811/25 y 877/25), con foco en el agro y los hidrocarburos.
Algunas medidas fueron permanentes y otras transitorias, como la eliminación temporal de retenciones al campo durante 72 horas el año pasado.
Además, se introdujeron cambios en el régimen de importación temporal —extensión de plazos de cinco a diez años— y se flexibilizaron procedimientos para bienes destinados a grandes proyectos bajo el RIGI, con el objetivo de reducir tiempos administrativos y atraer inversiones.
Impacto en la economía real
El debate sobre la apertura comercial se da en un contexto de recuperación económica dispar. Según datos del Indec citados en el artículo, en 2024 las importaciones cayeron 17,5% —año de fuerte ajuste—, pero en 2025 crecieron 24,7%, con subas destacadas en bienes de capital (51,3%), bienes de consumo (54%) y autos (97,6%).
En términos absolutos, las importaciones de bienes de capital pasaron de US$11.050 millones en 2023 a US$15.073 millones en 2025. En bienes de consumo, el salto fue de US$7940 millones a US$11.401 millones.
El informe también menciona que, según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, el 53,5% de los industriales considera que la principal limitante para aumentar la producción es la demanda interna insuficiente, mientras que un 11,7% apunta a la competencia de productos importados.
Como caso testigo, el artículo señala que entre 2023 y 2025 las importaciones de neumáticos crecieron 34,8%, mientras que los precios internos bajaron 42,6%. Sin embargo, la empresa Fate vendía con valores aproximadamente 30% superiores a los de la competencia china.
Una redefinición del modelo
El Gobierno justifica la apertura como parte de un cambio de paradigma. En línea con el discurso de Milei en el Foro de Davos, la Casa Rosada sostiene que la eliminación de restricciones comerciales responde a una visión moral y jurídica basada en la libertad de elección del consumidor y en la igualdad ante la ley.
En ese marco, el Ejecutivo considera que todavía existe margen para profundizar la apertura. Según datos del Banco Mundial citados en el artículo, la Argentina figura entre las economías con menor proporción de importaciones sobre el PBI, lo que —según la mirada oficial— evidencia que el país aún tiene espacio para integrarse más al comercio global.
La “arquitectura libertaria” desplegada en estos primeros meses redefine así el esquema comercial argentino, con un énfasis claro en la desregulación, la reducción de aranceles y la promoción de exportaciones estratégicas, en medio de un debate abierto con sectores industriales que cuestionan la velocidad y profundidad del proceso.
Fuente: Identidad Correntina